Planas pide a los agricultores que denuncien para controlar que les pagan el precio adecuado

Esa fue la principal conclusión a la que Agricultura ha llegado tras la reunión de este miércoles del Observatorio de la cadena alimentaria, una mesa donde están representados productores, pescadores, industria, distribución, consumidores, Estado y comunidades autónomas. Planas les ha aclarado que la modificación de la ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria pasará por «fortalecer su aplicación» en base a más denuncias y más inspecciones. Ya lo anticipó en esos mismos términos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la semana pasada en el Congreso. Y aunque no aclaró cómo se reforzaría el cumplimiento de esa norma, todo apuntaba a que los agricultores pusieran sobre la mesa casos ilegales para combatirlos con más controles administrativos.

El cumplimiento real de esa norma, ampliada en 2021en plena crisis de la inflación por la guerra en Ucrania, es uno de los caballos de batalla de los agricultores desde que comenzaron sus protestas por la crítica situación que atraviesan. El campo se queja de que en buena parte de las operaciones siguen vendiendo a pérdidas a pesar de lo que dice la ley. Y que se ven sin margen de exigir precios más elevados ante la presión de los grandes productores, distribuidores y todos los agentes que intervienen en el proceso hasta su venta en la tienda.

Aunque el propio Planas ha indicado que esta cadena alimentaria «funciona», ya que ha logrado subir los precios en origen al productor, también admitió que puede haber problemas, como denuncia parte del campo. «Hay situaciones comerciales muy diversas en las que de forma puntual sí ha habido mayores dificultades en la aplicación de la ley de la cadena», apunta Agricultura.

Planas considera que los datos económicos de los que dispone su departamento apuntan a que de enero de 2022 a diciembre de 2023 los precios en origen han subido de forma muy significativa, incluso si se descuenta la inflación derivada del incremento de costes, que tuvo su momento más álgido en octubre de 2022, a los seis meses del inicio de la guerra en Ucrania.

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del ministerio, es la que coordina la inspección y las denuncias que reciben tanto esta organización como las autoridades de las comunidades autónomas encargadas de ese control.

El análisis de la evolución de precios, realizado por el INE, pone de relieve que la alimentación fue el grupo del IPC que más creció de media en 2023, un 11,7%. Ese porcentaje fue más alto para los alimentos elaborados (13,3%) y menor para los frescos (9,3%). Estos datos se han puesto hoy sobre la mesa, aunque este mismo jueves se conocerán los relativos a la inflación de enero, mes en el que se mantuvo la rebaja del IVA de alimentos pero subió el de la luz y el gas, y se suprimió la ayuda de gasóil profesional.

Este jueves también tendrá lugar la reunión de Agricultura con las grandes organizaciones del sector (Asaja, COAG y UPA). En este encuentro el ministro anticipará cuál será su papel en el Consejo de Agricultura que tendrá lugar la próxima semana en Bruselas. Planas ya ha expresado su idea de simplificar el proceso de ayudas de la Política Agraria Común (PAC), que conlleva altos costes burocráticos. Mientras, las protestas siguen diseminadas por toda España aunque ya sin la presión que ejercía la organización movilizada a través de las redes sociales.

Por su parte, el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, ha propuesto un plan de ayudas nacionales de hasta el 10% del volumen total de lo que se percibe por la PAC para compensar la inflación de la agricultura. Fuentes comunitarias apuntan a EP que se trata de una propuesta «a título personal» del comisario y que no se corresponde con un plan «oficial». «Es su idea personal sobre algo que podría proponer la Comisión», insisten esas fuentes de cara al consejo de la próxima semana.