Planas ofrece 700 millones en créditos ICO para cerrar un acuerdo con los agricultores

En concreto, a través de esos préstamos se ofrecen garantías de hasta 700 millones de euros, con 200 millones de euros que se destinarían a jóvenes agricultores y relevo generacional, y otros 500 millones dirigidos a agricultores y ganaderos. En todo caso, la cifra es una estimación de lo que puede movilizarse.

Además, con el visto bueno de Hacienda ya cerrado, el Ministerio ratifica su compromiso mantener el tipo reducido para el gasóleo profesional y los carburantes de uso agrario, así como la deducción del 15% en la factura de los fertilizantes. «En términos fiscales ascendería a unos 575 millones de euros», indicó Planas durante la rueda de prensa.

La propuesta pasa además por excluir los ingresos por compensación por IVA del límite máximo para tributar en el régimen de módulos. El Ejecutivo también espera poder sacar adelante, con el apoyo de las comunidades autónomas, su plan para mejorar los seguros agrarios, otra de las principales reivindicaciones del sector tras dos años de difíciles cosechas, muy afectadas por la sequía. «Para 2025 pretendemos que las subvenciones máximas se apliquen a explotaciones prioritarias y jóvenes y alcanzar unos niveles de subvención que sean como mínimo para el 50% del módulo 2 y del 45% en el módulo 3 sobre la prima comercial base neta», indicó Planas.

El objetivo es que las comunidades autónomas complementen lo que ya subvenciona el Estado, con un límite del 75%. «Lo que pedimos es mayor implicación por parte de las comunidades; cuando llegué al ministerio en 2018 la dotación para seguros agrarios era de 211 millones y ahora asciende a 284,5 millones», recordó Planas.

A punto de comenzar las siembras de primavera y en plena campaña de solicitudes de ayudas de la Política Agraria Común (PAC), cuyo plazo finaliza el próximo 30 de abril, el encuentro de los ministros del ramo la pasada semana en Bruselas ha sido crucial para desatascar las negociaciones con el sector, tal y como reconocen fuentes del Ministerio.

En el encuentro se acordó, entre otras cosas, la simplificación de la Política Agraria Común (PAC) y la remisión inmediata de esa propuesta de reforma al Parlamento Europeo antes de que finalice abril, con el objetivo de poder aplicar lo pactado con efecto retroactivo.

Pero también hay buenas perspectivas en torno a una de las principales demandas del sector, que más quebraderos de cabeza está ocasionando por el rechazo de algunos países dentro de la UE. Según explican desde el Ministerio, con el apoyo del PP en Europa, todo apunta a que Bruselas dará su visto bueno a las denominadas cláusulas espejo una vez pasadas las elecciones europeas.

Estas cláusulas sirven para garantizar que cualquier producto importado fuera de las fronteras cumplen los mismos requisitos y exigencias que lo que se produce dentro de ellas. «Estamos más cerca que ayer para que las cláusulas espejo sean una realidad, pues dos de los intrumentos que la UE ya aplica son medidas que tienen un significado técnico muy equivalente a lo que pedimos», indicó Planas, recordando que el Gobierno también va a crear un grupo de trabajo de las exportaciones e importaciones españolas del sector, «para reforzar todos los mecanismos de control de frontera».

«Lo ocurrido en Bruselas es fruto de un trabajo y un esfuerzo que hemos llevado a cabo a nivel nacional y comunitario«, recordó Planas ante los intensos meses de reuniones en su Departamento. »En España, solo en febrero mantuve tres reuniones con las organizaciones agrarias y 15 encuentros con altos cargos del Ministerio para examinar los detalles relativos a las reivindicaciones que hemos puesto sobre la mesa», explicó Planas.

El ministro reconoce que las movilizaciones del sector por toda Europa, sobre todo en Francia, han sido cruciales para acelerar los acuerdos. Pero respecto a las tractoradas en España, Planas acusó al PP y a VOX de querer extenderlas en el actual periodo electoral.

En todo caso, el ministro se mostró satisfecho por los acuerdos alcanzados en Bruselas el pasado 26 de marzo, con medidas que serán de inmediata aplicación y otras que tendrán que esperar al menos hasta 2025 para cumplir con los trámites legales establecidos. Entre las que podrían aplicarse de inmediato e incluso con caracter retroactivo están los acuerdos referidos a las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (las denominadas 'BCAM') relativas a la cobertura mínima del suelo en los periodos más sensibles (BCAM 6), la rotación de cultivos (BCAM 7) y el porcentaje mínimo de barbecho (BCAM 8).

Por otro lado, Bruselas ya dio su brazo a torcer con otras medidas como la exención de controles y sanciones para los pequeños agricultores, con terrenos por debajo de las 10 hectáreas de extensión, con el objetivo de aliviar la carga burocrática al sector. Según anticipó Planas, un total de 345.000 agricultores en España se beneficiarán de esta medida.

En este escenario, Planas espera que su última oferta sea bien recibida por el campo, que en los próximos días trasladará su respuesta al Ejecutivo, concretando si el calendario de movilizaciones seguirá o no su curso. «Con estas medidas damos una solución a agricultores y ganaderos, pero no solucionamos todo«, reconoce Planas que, no obstante, insiste en que »la movilización ha motivado un cambio en la posición de la Unión Europea« que pocos preveían para el sector. «Esto no significa que todo se vaya a solucionar de la noche a la mañana«, insistió el ministro.