Planas convoca a los agricultores ante la amenaza de protestas

Un movimiento que llega apenas horas después de que las tres principales organizaciones -la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)- confirmasen que preparan un calendario de movilizaciones que ya se ha empezado a desarrollar en el ámbito regional.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación atenderá así a las asociaciones solo un día después de una cita clave en Bruselas, donde el jueves se celebrará el Consejo Europeo en el que se prevén debatir medidas específicas que podrían ayudar a aplacar los ánimos de los trabajadores del campo. Sin embargo, fuentes de sus representantes aseguran que «ni eso ni la reunión con el ministro frenarán las movilizaciones».

De momento, una nutrida delegación del campo español acudirá a la tractorada convocada por la Coordinadora Europea Vía Campesina, que recorrerá las calles de Bruselas y terminará con una concentración en la Plaza de Luxemburgo.

Según indican desde COAG, el objetivo es «reclamar a los máximos responsables de las instituciones comunitarias el cese de los acuerdos de libre comercio de la UE con terceros países, caso del Mercosur, que las importaciones cumplan las mismas normativas que las producciones agrarias europeas y una flexibilización y simplificación de la costosa carga burocrática de las normativas agrarias y medioambientales».

En el caso concreto de España, una de las principales reivindicaciones es también el mayor control de los productos que llegan de países de terceros. Y también la urgencia por reducir el sobrecoste que supone adaptarse a las normativas medioambientales europeas, así como a la Política Agraria Común (PAC), que entre otras cosas obliga al sector a mantener determinadas tierras en barbecho.

Ante este escenario, el campo español solicita una flexibilización y simplificación de la actual PAC, incluyendo tanto las Becam (esas superficies no productivas) como los denominados ecoesquemas, pagos directos anuales que se hacen a los agricultores que acepten voluntariamente determinadas prácticas medioambientales, como el pastoreo extensivo o el almacenamiento de carbono, entre otras.

«La excesiva burocracia está suponiendo unos costes inasumibles para los agricultores y ganaderos profesionales y no posibilitan cumplir los objetivos en materia medioambiental», indican desde las patronales del sector.

La presión para que se modifique la PAC llega en un momento delicado para el sector, pues este mismo jueves 1 de febrero da comienzo la campaña de 2024, con el inicio del plazo para la solicitud de las ayudas. Según datos del Ministerio, un total de 622.400 agricultores y ganaderos solicitaron estas subvenciones en 2023, que se terminarán de abonar a finales de junio de este año. España es, con estas cifras, el tercer receptor de la PAC, por detrás de Francia y Alemania.