El Fondo Monetario Internacional (FMI) también ha actualizado sus previsiones de crecimiento de la economía española a la baja, pero con algunos matices que le hacen distanciarse de otros análisis mucho menos benignos sobre la evolución del PIB este año y el próximo, incluido el ... que el propio Gobierno ha modificado esta misma mañana. El organismo estima que España crecerá un 2,2% en 2019 y un 1,8% en 2020. En ambos casos se trata de una décima menos de lo que esperaba en su anterior estimación de julio.
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Sin embargo, el FMI mejora sus cálculos con respecto al informe de abril, en una décima, lo que permite situar sus estimaciones para España en el escenario más optimista frente a la previsión del Gobierno, que ha anticipado un alza del 2,1%; a la del Banco de España, que sitúa ese crecimiento en el 2%; o el de algunos centros de estudio como Funcas (1,9%) o BBVA (1,9%) para este ejercicio. En su informe, el FMI reconoce que esas previsiones son «ligeramente más débiles» que las anteriores, con un crecimiento previsto «que se desacelerará gradualmente» desde el 2,6% que creció en 2018.
Sin embargo, la organización mundial, cuya directora gerente es ahora Kristalina Georgieva, tiene peores perspectivas para el mercado laboral español que las anunciadas por el Ejecutivo. En concreto, el FMI anticipa que la tasa de paro cerrará este ejercicio en rozando el 14% mientras que el año próximo apenas descenderá el 13,2%. El Gobierno prevé que el desempleo descienda del 13% en 2020.
La actualización de las previsiones del FMI se enmarcan en un entorno generalizado de desaceleración de la economía mundial, que avanzará un 3% este año (dos décimas menos que en la previsión de verano) y un 3,4% el próximo (una décima menos). En el caso de la zona euro, la moderación del PIB le llevará a crecer un 1,2% en 2019 y un 1,4% en 2020, esto es, una y dos décimas menos que sus anteriores previsiones.
El FMI destaca, entre otros aspectos, que en países con «alta deuda», como en el caso de España -así como Francia o Italia-, los presupuestos fiscales deben ser «redirigidos gradualmente» para acortar ese endeudamiento público.
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