Subir un 30% las cotizaciones máximas no cubre ni el alza de las pensiones

Esta iniciativa, que fija un aumento gradual del 1,154% anual de las bases máximas durante el periodo 2025 a 2050 extra al alza de la inflación, «tendría un impacto recaudatorio muy modesto (menos de dos décimas de punto del PIB por año una vez se complete) y, por tanto, contribuiría de forma muy limitada a la sostenibilidad del sistema», explica Ángel de la Fuente, autor del texto y director ejecutivo de este Think Tank.

Concretamente, Fedea estima que el incremento acumulado de casi el 35% para la base máxima incrementaría la recaudación, «como mucho», en un 0,15% del PIB una vez implementada por completo en 2050, «muy por debajo» de lo que sería necesario para compensar el incremento del gasto en pensiones derivado de la primera fase de la reforma en curso, que el propio Gobierno cifra en torno a 3,5 puntos de PIB en 2050.

De igual forma, el informe considera que si el destope se lleva hasta el extremo, es decir, que se someta a cotización todas las rentas brutas del trabajo, el incremento de recaudación podría acercarse a un punto del PIB, «todavía claramente insuficiente para eliminar el déficit previsto del sistema».

Fedea alerta además de que la subida de las pensiones máximas en un nivel muy inferior a las cotizaciones sociales -cada año subirían un 0,115%, lo que supone un alza del 3% en 2050, diez veces menos que las cotizaciones- recortaría la pensión máxima desde el 80% hasta el 61% de la base máxima de cotización, «una reducción muy considerable del grado de contributividad del sistema».

Por todo ello, la organización señala que «la propuesta es cuestionable porque supone potenciar un impuesto oculto y muy distorsionante que no debería formar parte del esquema de financiación de la Seguridad Social». A su juicio, las cotizaciones sociales que se aplican a rentas por encima de determinados umbrales (los que dan derecho a la pensión máxima) son, «en la práctica, un impuesto puro: una exacción monetaria sin contrapartida alguna, que tiene, además, una estructura poco equitativa y muy distorsionante por aplicar tipos de gravamen muy elevados sobre una base limitada y arbitraria». Así, instan al Gobierno a eliminar este impuesto de Seguridad Social, suprimiendo las cotizaciones por encima de tales umbrales, y reemplazarlo por «algo mejor».

Entre las posibles opciones, el autor sostiene que la mejor sería, en la práctica, un recargo proporcional de solidaridad sobre la cuota del IRPF, lo que aseguraría un reparto equitativo de los costes no puramente contributivos del sistema de protección social entre una base más amplia de contribuyentes. En su opinión, este recargo debería sustituir no sólo al impuesto de Seguridad Social, sino también a las actuales transferencias del Estado al sistema para hacer su coste más visible para el contribuyente y debería calibrarse para mantener inicialmente constantes la presión fiscal total y los ingresos de la Seguridad Social.