Retrasar un año la jubilación aumenta significativamente el riesgo de morir antes

Los investigadores (Cristina Belles-Obrero, Sergi Jiménez-Martín y Han Ye) aprovechan la reforma española de 1967, que modificó la edad de jubilación anticipada en España en función de la fecha en la que los individuos comenzaron a cotizar al sistema de seguridad social, endureciendo así el acceso a la misma para un subconjunto de cohortes. En particular, aquellos que comenzaron a cotizar antes del 1 de enero de 1967 podían jubilarse voluntariamente a partir de los 60 años, mientras que el resto (con algunas excepciones) tenían que esperar hasta los 65 años.

Comparando a los individuos que comenzaron a cotizar 12 meses antes y después del 1 de enero de 1967, encontraron que los individuos que comenzaron a cotizar en 1967 retrasan su salida del mercado laboral en casi medio año y es más probable que soliciten pensiones parciales y de invalidez para abandonar el mercado laboral antes de que esté disponible la pensión regular. Lo más sorprendente es que vieron que también tienen más probabilidades de no reclamar ninguna pensión, debido principalmente a su muerte antes de poder cobrar una pensión. Los investigadores señalan que encontraron muestras de mortalidad considerables y concluyen que retrasar un año la salida del mercado laboral aumenta el riesgo de morir entre las edades de 60 y 69 años en 4,4 puntos porcentuales (38%). Las respuestas a la mortalidad son más fuertes entre las edades de 60 y 64 años (60%) cuando las pensiones públicas no son accesibles.

Esto sugiere que el aumento de la mortalidad se debe principalmente al efecto inmediato de perder el acceso a planes de jubilación anticipada. Un análisis más detallado muestra que las personas que trabajaron en empleos peligrosos, arduos y de bajo valor personal antes de jubilarse sufren más en términos de mortalidad, aunque retrasan la jubilación en menor medida. Las mujeres retrasan la edad del último empleo en 1,1 años, mientras que los hombres retrasan sólo alrededor de cuatro meses. Sin embargo, se constata un impacto similar en la probabilidad de morir entre los 60 y los 69 años por género, lo que sugiere que los hombres sufren más por trabajar más tiempo.

Además, el estudio muestra que permitir que los trabajadores reduzcan gradualmente su carga de trabajo puede incentivarlos a permanecer más tiempo en el mercado laboral sin afectar negativamente a su esperanza de vida.

«Como no está claro si existe un efecto de simetría entre adelantar y posponer la edad de jubilación, nuestros hallazgos sobre el efecto en la mortalidad de retrasar la jubilación son particularmente relevantes», señala el estudio, que insta a examinar los efectos distributivos de las reformas de las pensiones teniendo en cuenta las consecuencias para la salud y la mortalidad.

En el estudio calculan el coste o beneficio social de restringir o eliminar la opción de jubilación anticipada y muestran que el impacto adverso sobre la esperanza de vida supera las ganancias fiscales. Utilizando el valor de un año de vida ajustado por calidad a los 60 años en España concluyen que un aumento de 0,46 años en la edad al morir se traduce en una pérdida social valorable en 8.564 euros por individuo. Por otro lado, la reforma supone un retraso en la salida del mercado laboral que genera, en promedio, una aportación adicional al sistema de pensiones y unos ingresos fiscales de 1.925 euros. Además, debido a que la reforma conduce a una mortalidad temprana, el ahorro para la Seguridad Social es de 3.228 euros por jubilado en beneficios de pensión. Como resultado, la Seguridad Social obtiene una ganancia fiscal de 5.213 euros gracias a la reforma. En suma, los ahorros fiscales derivados del retraso en la jubilación y la reducción de la duración de los pagos de las pensiones no compensan la pérdida social asociada a la reducción de la esperanza de vida, lo que sugiere que la reforma no es económicamente beneficiosa en el contexto más amplio del bienestar social.

En un momento en el que la prolongación de las vidas laborales puede ser un instrumento imprescindible para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, los resultados del estudio apuntan a la necesidad de diseñar con cuidado los detalles de las políticas de jubilación, atendiendo a sus posibles efectos sobre la salud de los trabajadores. Es importante, en particular, tener en cuenta el grado de exigencia física, emocional y mental de las distintas ocupaciones a la hora de fijar las edades mínimas y legales de jubilación, que no pueden ser iguales para todos, así como introducir, con carácter general, mecanismos flexibles de jubilación anticipada y parcial que permitan a los trabajadores modular sus horas de trabajo en la parte final de su carrera laboral.