La reforma de las pensiones se tambalea ante las reticencias de Bruselas y de la CEOE

Su regla, la que exige a España, es sencilla: contener el gasto y aumentar los ingresos. Y en el paquete de iniciativas puestas en marcha por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no se cumple. Es más, la medida estrella, que es la revalorización de las pensiones con el IPC medio, al estar la inflación disparada e implicar una subida del 8,5%, supondrá de golpe y porrazo más de 15.000 millones extra el año que viene, lo que llevará a la Seguridad Social a desembolsar más de 190.000 millones para el pago de las prestaciones, un incremento récord del 11,4%.

Por eso, funcionarios de la Comisión Europea que visitaron recientemente Madrid para evaluar la marcha de las reformas mostraron su preocupación por el déficit y la deuda del sistema, según admitieron a este periódico fuentes del diálogo social. Y, más en concreto, manifestaron su inquietud por el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que sustituirá al factor de sostenibilidad derogado en la primera fase. Sin embargo, no compensará ni de lejos la contención en el gasto que suponía la puesta en marcha de esa herramienta de ajuste que recortaba las pensiones de los nuevos jubilados y la CE insta a que lo modifiquen por un mecanismo de ajuste automático de mayor impacto.

El propio Escrivá lo ha reconocido y viajará a Bruselas para tratar de convencer a las altas instancias de que den un voto de confianza al MEI, que supone un incremento de 0,6 puntos de las cotizaciones sociales desde 2023 a 2032. Con esta medida el Gobierno estima rellenar la hucha de las pensiones el año que viene con 2.793 millones, claramente insuficientes para afrontar el gasto de las subida de las pensiones y el boom de nuevos jubilados.

Por ello, encima de la mesa del diálogo social que se inició el pasado 12 de septiembre vuelve a estar el MEI, ya que en juego están 7.000 millones de los fondos europeos. La posibilidad de ampliar el periodo de vigencia cobra fuerza, de forma que ese incremento de cotizaciones pudiera extenderse hasta 2050.

Esto, sin duda, tensará aún más la negociación con los empresarios, que ya se descolgaron de este mecanismo de equidad y lo calificaron de «derrama». La CEOE está además con el hacha de guerra contra Escrivá por haberles subido las cotizaciones máximas un 8,6% el próximo año, sin previo aviso, y exige ahora recuperar el factor de sostenibilidad derogado. Han advertido que han perdido la confianza en el ministro e incluso, de puertas para dentro, se lamentan de haber suscrito el acuerdo de julio de 2021. «Pecamos de ilusos, teníamos que haber sido más combativos y no fiarnos tanto...», explicaron a este periódico fuentes de la CEOE, que se lamentan de que se hayan indexado las pensiones al IPC «sin poner ningún límite» y la «única herramienta» que establecen para compensar y poder hacer ajustes para subir ingresos es elevar las cotizaciones sociales.

En este complejo escenario, de guerra en Europa y de batalla en la mesa del diálogo social, discurre la negociación de la segunda pata de la reforma de las pensiones, que debe estar lista antes de que termine el año, tal y como se ha pactado con la Comisión. Quedan, por tanto, poco más de dos meses para cerrar, además del reajuste del MEI, dos importantes y controvertidas medidas que quedaron pendientes: la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones y el destope de las bases máximas.

Y, hasta el momento, el Gobierno tan solo ha mantenido una primera y única convocatoria oficial, la del pasado 12 de septiembre, y otra informal. Eso sí, está habiendo muchos contactos bilaterales, tanto del ministerio con los sindicatos, por un lado, y con los empresarios, por otro; como de la patronal con las organizaciones de trabajadores, así como entre ambos sindicatos, UGT y CCOO.

Sin embargo, no hay ninguna propuesta en firme, ni en papel ni de forma verbal. Lo único claro es el calendario (debe cerrarse antes de que termine diciembre), porque incluso las materias a tratar generan dudas, ya que CCOO quiere incluir medidas también de impacto de género, topar las pensiones mínimas y abordar la jubilación parcial para todos los sectores, según señalaron a este periódico.

Sí se tienen que resolver esas dos cuestiones que exige Bruselas. Así, debe ampliarse el actual periodo de cálculo, que utiliza los últimos 25 años para calcular las pensiones. Escrivá ya ha descartado extenderlo a 35 años y ha avanzado que se permitirá descartar algunos años, se compensarán algunas lagunas de cotización y que tendrá un impacto neutro. Desde los sindicatos son muy reacios a apoyar esta medida, aunque UGT sostiene que si realmente no supone ningún recorte de la pensión –e incluso sirviera para aumentar las de rango más bajo– podrían valorarlo.

Tampoco convence la ampliación gradual de las bases máximas que sopesa Escrivá. Alos sindicatos porque rechazan que solo se eleve hasta los 60.000 euros de salario en 2050, como ha sugerido el ministro, y a la CEOE porque se niegan a más subidas de cuotas. Así las cosas, el acuerdo parece lejano, casi imposible, y a su vez lejos de satisfacer el objetivo de Bruselas de velar por la sostenibilidad del sistema.