Ni la reforma de las pensiones ni la recaudación récord acaban con el déficit de la Seguridad Social

Pero no ha sido posible. Abandonará Moncloa sin cumplirlo. Sin alcanzar precisamente su objetivo prioritario, el más importante, el fundamental: dejar a cero en 2023 el déficit que arrastra la Seguridad Social desde hace más de una década y cuadrar las cuentas de un sistema clave como son las pensiones, gracias al cual viven más de nueve millones de personas y por el que cotizan en la actualidad casi 21 millones de trabajadores.

Así se lo prometió también a la Comisión Europea en el Plan de Recuperación y Resiliencia. «El primero de estos objetivos es la eliminación del déficit del sistema». Era además una de las recomendaciones que hizo el Pacto de Toledo.

Pero Escrivá ha retrasado ahora este reto de eliminar el agujero rojo que hay en el sistema hasta 2026, tres años más tarde de lo que se había propuesto cuando fue nombrado ministro. Así lo reconoció en el programa de estabilidad remitido el pasado abril a Bruselas. En 2023 seguirá habiendo déficit, pero también en 2024 y en 2025.

Y eso pese a que en los dos últimos años ha ido poniendo en marcha diferentes medidas enmarcadas dentro de las tres fases en las que se ha aprobado la reforma de las pensiones destinadas a lograr la sostenibilidad del sistema y pese a que la recaudación está en niveles récord, gracias a que ahora hay más trabajadores que nunca y a que se han elevado significativamente las cotizaciones sociales.

Escrivá confiaba en que con una de las medidas incluidas en la primera etapa de la reforma de las pensiones ya se borraría de golpe y porrazo el déficit: trasladar todos los gastos que no son propios del sistema y que pasen a ser financiados por el Estado, esto es, todas las políticas no contributivas –tal y como pidió el Pacto de Toledo–, para que se paguen a través de impuestos y no con las cuotas de los afiliados.

El ministro cuantificó esos gastos en casi 23.000 millones de euros, que se estaban pagando hasta entonces, con las cuotas de los trabajadores. La mitad procedían de las políticas activas de empleo, pero también correspondían a las tarifas planas de los autónomos, prestaciones por nacimiento y cuidado de hijos, complementos de maternidad, cobertura de lagunas de cotización, gastos de personal… Teniendo en cuenta que el mayor déficit se registró en 2016, cuando el desequilibrio financiero se situó en el 1,7% del PIB –lo que supuso más de 18.500 millones de euros de pérdidas–, sacando esos 23.000 millones tendría que desaparecer y quedar a cero.

Además, la reforma de las pensiones ha incluido otras iniciativa de cara a contener los gastos y engordar los ingresos de la Seguridad Social: el nuevo sistema de cotización de los autónomos, las medidas encaminadas a retrasar la edad real de jubilación, el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la histórica subida de las bases máximas, el nuevo impuesto a las rentas altas…

Pero ha entrado en juego un factor con el que no se contaba y es al que Escrivá culpa de no poder cumplir su promesa en el plazo acordado: la elevada inflación. Esto ha implicado un desembolso con el que no se contaba, pues nunca se habían subido las pensiones un 8,5% para garantizar así el poder adquisitivo de los jubilados. Esto supondrá que este año la Seguridad Social destinará más de 190.000 millones para el pago de las pensiones, un 11,4% más que el año pasado.

Se trata de más de 15.000 millones extra, lo que ha descuadrado las cuentas del sistema pese a que ya se han sacado 20.000 millones de esos gastos impropios. Así, 2023 cerrará con un déficit del 0,5% del PIB, que se reducirá al 0,2% en 2024 y al 0,1% en 2025, los más bajos desde 2012 pero que no es el 'cero' prometido, que llegará –confía el ministro– en 2026.

Sin embargo, organismos como el Banco de España, la Airef o Fedea dudan de que se logre incluso en las próximas décadas, ya que ponen en cuestión que la recién aprobada reforma de las pensiones logre la sostenibilidad. Y eso que el empleo está en máximos, con cerca de 21 millones de afiliados, y la recaudación por cotizaciones sociales se ha disparado más de un 9%, con lo que se prevé ingresar un 10,8% del PIB con las cuotas de los trabajadores.