El PP se queda solo en su defensa del factor de sostenibilidad de las pensiones

De esta forma, la satisfacción del Gobierno por el resultado del pleno monográfico celebrado el miércoles sobre las pensiones, en el que Rajoy vinculó un incremento de las prestaciones mínimas y de viudedad a la aprobación de los Presupuestos, chocó con la realidad de que ningún partido respalda al Ejecutivo para aplicar el factor de sostenibilidad, uno de los pilares de su reforma. De hecho, la mayoría de la Cámara consideró este criterio «injusto» y por eso pidió su derogación, así como la del nuevo índice de revalorización de las pensiones (IRP), y exigió que en el marco del Pacto de Toledo se debata una nueva fórmula para garantizar la sostenibilidad del sistema que asegure a su vez el poder adquisitivo de los pensionistas. Lo hizo mediante una proposición no de ley presentada por el diputado del PDeCAT Carles Campuzano y pactada con PSOE y Unidos Podemos, que este jueves recibió también el apoyo de ERC. Ciudadanos, PNV y Foro Asturias se abstuvieron en la votación, mientras que el PP fue el único que votó en contra.

«Esto evidencia que hay una mayoría de la Cámara que quiere reformas que garanticen la suficiencia de las pensiones y hoy el mandato es muy claro: no permitir que entre en vigor el factor de sostenibilidad tal como está formulado», explicó Campuzano a la salida de la comisión. El diputado catalán criticó durante su intervención este mecanismo implantado por el PP porque supone un recorte indiscriminado que no tiene en cuenta que la esperanza de vida difiere entre sexo, clase social o sector laboral. Por eso, defendió en su intervención la creación de un nuevo factor de sostenibilidad que tenga en cuenta la esperanza de vida pero que no suponga una merma de la pensión, sino que se vincule, por ejemplo, a la edad legal de jubilación, tal y como se hace en otros países como Italia.

La diputada socialista Mercè Perea lanzó una amenaza al Gobierno: «Ni se les ocurra aplicar el factor de sostenibilidad a partir del 1 de enero». Pero no se conformó con pedir solo su derogación y exigió también al Ejecutivo aprobar un decreto ley que permita revalorizar las pensiones en 2018 según el IPC, lo que supondría una subida del 1,6% y no del 0,25%.

En esto PSOE y Unidos Podemos van de la mano. Así, la diputada de En Marea denunció el «recorte brutal» que supondría la entrada en vigor del factor de sostenibilidad que -apuntó- ahondaría en la brecha de género que se sitúa ya en el 38%, puesto que las mujeres son las que tienen una mayor esperanza de vida pero unas prestaciones más bajas.

«No es injusticia, hace justicia», respondió Gerardo Camps, el portavoz del PP en esta comisión, que defendió la entrada en vigor del factor de sostenibilidad como un mecanismo de «equidad entre generaciones». Camps se mostró contrario a ligarlo con la edad de jubilación porque supondría que se elevara constantemente, algo que no es posible en muchas profesiones. De cualquier forma, pidió a los grupos parlamentarios que lleven sus propias propuestas para debatirlas en el Pacto de Toledo, ya que confía en que antes de final de año lleguen a un acuerdo.

No hay datos oficiales de cuánto supondrá el recorte en el primer año de vigencia del factor de sostenibilidad, pero sí estimaciones. El Instituto BBVA de Pensiones considera que se trataría de una reducción del 0,47%, mientras que CC OO lo sitúa en una horquilla entre el 0,5% y el 0,7%, más cercano al 0,5%. Este recorte será acumulativo, por lo que los que se retiren en 2020 tendrán una rebaja ya del 1%. Esto significa que cuando hayan pasado diez años la disminución de las nuevas pensiones será de un 7%, y más del 15% para los que se jubilen dentro de 20, según el sindicato.

¿Cuánto dinero supondrá este nuevo recorte? Para una pensión media de jubilación, que en febrero se situó en 1.077 euros mensuales, 5,3 euros menos al mes, lo que significa 75,3 al año. Este recorte asciende a 180 euros anuales para aquellos jubilados que ingresan la pensión máxima (2.580 euros al mes). Los autónomos, con prestaciones significativamente inferiores (una media de 718 al mes) verán reducida su prestación en 50 euros al año.

Por otra parte, el Gobierno insistió este jueves en la idea avanzada por Rajoy en el debate del Congreso de elevar las pensiones más bajas, aunque siguió sin concretar detalles y remitiéndose a los Presupuestos. Así, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría afirmó que habrá una «subida importante» en las pensiones de viudedad. En este sentido, la número dos del Ejecutivo explicó en una entrevista en Antena 3 que elevar estas prestaciones «es un compromiso adquirido hace tiempo y es el momento en que debe hacerse». Unas palabras que hacen referencia a la aprobación de un decreto que incrementa la base reguladora de las pensiones de viudedad (con la que se calcula la cuantía de la prestación) del 52% al 60%. Una medida que ya estaba contemplada en la reforma de 2011 y que acumula seis años de retraso.

En este mismo sentido se pronunció la ministra de Empleo, Fátima Báñez, al resaltar el compromiso de subir las pensiones y en 2018 «de manera particular y más, las pensiones más vulnerables del sistema». Es decir, que el incremento mayor al 0,25% solo afectaría a este ejercicio y no iría más allá mediante, por ejemplo, la indexación al IPC.