Las prejubilaciones tocan mínimos pese a la incertidumbre de la reforma de pensiones

En el peor de los casos, solo tendrían que posponer uno o dos meses su prejubilación para conseguir unas mejores condiciones que las que tendrían si lo hicieran ahora.

Esto es, en lugar de abandonar el mercado laboral con 63 años recién cumplidos (o dos años antes de la edad ordinaria que a cada uno le corresponde, en función de si tiene largas carreras de cotización o no), hacerlo con 63 años y dos meses, pero con una pensión un poco mayor que la de ahora.

Al contrario de lo que pueda pensarse, esta incertidumbre en torno a la reforma de las pensiones no ha provocado una oleada de prejubilaciones. Más bien al contrario. El número de personas que ha abandonado el mercado laboral en estos cinco primeros meses del año antes de cumplir los 65 toca mínimos de la última década. Suman poco más de 42.500, lo que –exceptuando el ejercicio 2020, que no es comparable debido a que por la pandemia se retrasaron los trámites de bajas por el confinamiento– supone la cifra más baja desde 2010, según los datos extraídos por este periódico de los registros de la Seguridad Social.

Asimismo, por primera vez en los últimos años –una vez más excluyendo de la comparativa las cifras de 2020– se consigue rebajar la barrera del 40% de prejubilaciones. Es decir, que menos de cuatro de cada diez nuevos jubilados lo hicieron antes de cumplir la edad legal. Entre los años 2015 y 2019 este porcentaje se acercaba más al 45%, con los datos acumulados hasta abril. Se confirma así que el 'efecto llamada' es totalmente minoritario, al menos por el momento.

La jubilación anticipada suele tener un componente procíclico: se modera cuando la economía va bien y tiende a dispararse cuando sufre una recesión. Cabe resaltar que hasta que estalló la covid-19 España vivía un periodo de recuperación económica y aúne s pronto para visualizar el efecto que la pandemia pueda tener en la prejubilación. En todo caso se verá en el futuro, explica Enrique Martín, adjunto a la secretaría de Políticas Públicas de CC OO.

Por el contrario, sí se está produciendo una sangría de prejubilaciones entre funcionarios.

En este caso, la decisión del ministro José Luis Escrivá de traspasar en plena pandemia la gestión de las pensiones de las clases pasivas a la Seguridad Social (hasta ahora dependía de Hacienda) sí generó una «gran incertidumbre» en este colectivo, ante el temor de ver recortados sus derechos de pensión, lo que provocó una desbandada, tal y como denuncia Francisco Lama, secretario de Acción Sindical de CSIF, que advierte de que seguirán «vigilantes porque el Gobierno no nos da certezas».

Así, entre junio y diciembre de 2020 se produjeron 10.387 jubilaciones voluntarias a los 60 años entre los funcionarios de clases pasivas, lo que supone un 26,2% más que en el mismo periodo de 2019, tal y como reconoció el propio Gobierno en una respuesta parlamentaria al PP.

La mayoría de las prejubilaciones, casi ocho de cada diez, se registraron en el sector educativo, algo que se repite en los ejercicios precedentes debido además a que lo hacen habitualmente en muy buenas condiciones. Llama la atención, a su vez, que el número de altas en la Seguridad Social a los 60 en el Ministerio de Justicia se ha duplicado en este periodo, al pasar de 133 en 2019 a 263 en 2020, algo que se replica entre los guardias civiles, aunque su número se reduce a apenas nueve.

Los funcionarios que pertenecen a este régimen de clases pasivas (que no son todos y que está en vías de extinción) gozan de una serie de privilegios, como el poder jubilarse a los 60 años. Desde 2011 los nuevos empleados públicos cotizan por el Régimen General, pero en la actualidad cerca de 670.000 pensionistas pertenecen a este grupo, principalmente profesores, militares o funcionarios de la Administración General del Estado o de la de Justicia, entre otros.

Curiosamente, las personas que se prejubilan disfrutan de una pensión mayor. Así, ese 40% de trabajadores que abandonaron este año el mercado laboral antes de tiempo cobran de media 1.700 euros brutos al mes, lo que supone casi 500 euros más que los que lo hicieron a partir de los 65, con 1.237 euros.

Eso es así precisamente porque quienes deciden jubilarse suelen ser quienes más años han cotizado y por más cantidad, lo que hace que sus prestaciones sean más generosas incluso a pesar de las penalizaciones.