El BCE prepara sus primeros deberes al Gobierno de Sánchez tras alertar del posible descontrol de las pensiones

Según las últimas previsiones de Eurostat, la tasa de dependencia de los mayores en la zona euro se habrá disparado veinte puntos entre los años 2016 y 2070, llegando a alcanzar el 52%. Esto es, el número de personas mayores de 65 años en relación a la población en edad de trabajar ya superará la barrera histórica de la mitad, generando un riesgo que «podría tener consecuencias negativas para la trayectoria de la deuda pública y el crecimiento potencial», advierten desde el instituto que preside el banquero italiano Mario Draghi.

Durante ese más de medio siglo los costes públicos totales asociados al envejecimiento de la población en los 19 países que en la actualidad conforman el territorio euro aumentarán un 1,1% respecto al producto interior bruto, esto decir, que su peso en el gasto pasará del 26% al 27,1% del PIB, aunque a mitad de camino sufrirán un agravamiento aún mayor (el doble) al alcanzar el 28,2% del PIB en 2040. Esto último ocurrirá por la jubilación de la generación del llamado 'baby boom', si bien ya en el horizonte de 2050 descenderán «en cierta medida».

Claro que no en todos los países ese salto será igual. Bélgica, Luxemburgo, Austria y Finlandia tendrán el peor panorama, pues allí los costes asociados al envejecimiento superarán el 30% de su PIB. En el otro extremo, en Lituania y Letonia se situarán cerca del 15%. Atendiendo a la evolución en ese período de 54 años, más de la mitad de los países del euro (once en concreto) registraran un aumento, en cuatro prácticamente no variará y en otros tantos llegará incluso a bajar.

España, curiosamente, es uno de los que mejor lo llevaría a largo plazo –siempre que no se revirtieran las reformas anteriores-, pues en porcentaje de PIB en 2070 la factura de las pensiones se movería en torno al 12% del PIB, e incluso una décima inferior. Eso supondría un coste de 137.000 millones de euros ese último año, 'solo' 10.000 más de lo que está previsto pagar este año por las prestaciones contributivas.

Claro que para eso en el BCE también han tenido en cuenta que la tasa de reemplazo de la pensión inicial sobre el último sueldo se iría recortando conforme a la última reforma del sistema, obra del PP hace un lustro. Aplicando ese nuevo factor tendríamos que de suponer el importe de la prestación media por jubilación el 78,7% del último salario en 2019-2020 pasaría a ser solo el 53,8% en 2040, e incluso recibir una pensión de menos de la mitad de su sueldo (el 45%) en 2070.

El punto que propiciaría esa doble evolución de las pensiones, negativa para sus perceptores por la importante pérdida de poder adquisitivo, y positiva para las arcas públicas por el alivio notable que ello supondrá en los pagos del sistema, es el llamado factor de sostenibilidad introducido en la reforma de 2013. Sin embargo, PP y PNV pactaron meses atrás para la aprobación de los Presupuestos de 2018 que su entrada en vigor, prevista en principio para el 1 de enero de 2019, se postergara hasta al menos 2023.

Eso, y el conocimiento final de que las pensiones subirán este año un 1,6% con carácter general –un 3% las mínimas y aparte el incremento para las de viudedad-, junto a la intención del PSOE de volver a vincularlas de forma estable a la inflación, ha llevado al supervisor europeo a advertir de que «en algunos países (como Italia y España) parece existir un riesgo alto de que se revoquen las reformas» del sistema, lo cual puede agravarse en aquellos Estados «que actualmente prevén retrocesos importantes de las ratios de prestaciones por pensiones». Y España estaría entre ellos en función de hasta donde llegue la reducción actual del desempleo –-ahora está a medio millón del máximo de cotizantes de 2007, cuando rozó los 19,5 millones-.

Por eso, amén de solicitar a los socios del euro que no rompan con las medidas «adoptadas con anterioridad», les insta a que adopten incluso «medidas adicionales decisivas y realicen mayores esfuerzos de reformas estructurales en materia de pensiones, atención sanitaria y cuidados de larga duración». Así lo recoge en su último informa sobre pensiones, aunque antes de dar un toque de atención directo al Gobierno de Sánchez esperará a conocer el proyecto de los Presupuestos del Estado para 2019, que en principio éste debe mandar a Bruselas antes de octubre, y comprobar así hasta qué punto el aumento de ingresos fiscales –con subida de tipo de tributación para empresas y nuevos gravámenes- puede compensar el alza de gastos sociales que ya ha prometido.