Los pensionistas, el colectivo social más beneficiado por el nuevo bono eléctrico

Se trata de más de 150.000 usuarios que, por su condición de pensionistas con prestaciones mínimas -la mayoría son jubilados-, tienen derecho al descuento del 25% o del 40% sobre la parte del consumo de sus recibos, dependiendo de si se trata de consumidores vulnerables o en «severa» pobreza, respectivamente, tal y como exige la normativa actual del bono social. En concreto, 77.251 pensionistas se encuentran incluidos en el primer grupo y otros 72.880 en el segundo, según los datos actualizados del último Boletín de Indicadores Eléctricos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), referidos al mes de abril.

En el caso de la modalidad de descuentos anterior -en vigor desde 2014 hasta ahora-, los pensionistas acogidos al mismo representaban aproximadamente un 15% del total, porque la mayor parte (casi tres de cada cuatro) de los beneficiarios eran titulares de contratos de baja potencia, independientemente de su nivel de renta o situación familiar. Esta circunstancia fue una de las que obligó al Gobierno de Mariano Rajoy a aprobar una reforma, consensuada con la oposición, para poner en marcha un sistema ligado a las rentas.

Hasta el pasado mes de abril -según el dato más actualizado por la CNMC- había 388.720 consumidores de luz acogidos al bono social que el Gobierno anterior puso en marcha, teniendo en cuenta los criterios de renta y situación social de cada familia, frente al anterior sistema, mucho más generalista pero en el que los partidos políticos y los agentes del sector consideraban que se había convertido en un coladero de perceptores que realmente no lo precisaban en el que había 2,4 millones de usuarios. Sin embargo, los últimos registros facilitados por las comercializadoras de referencia (las eléctricas que gestionan estos trámites frente al Ministerio de Transición Ecológica, el competente en energía) apuntan a que ya hay unos 700.000 perceptores activos, cuando falta un mes para que los antiguos beneficiarios puedan acogerse al nuevo sistema de ayudas.

En cualquier caso, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunciaba esta semana una «moratoria» en los plazos para que posibles perceptores no se queden descolgados del sistema durante las semanas de tramitación de la ayuda, si la solicitan después del 8 de octubre, la fecha tope.

Ahora, por detrás de los pensionistas se encuentran los hogares unipersonales, esto es, viviendas en las que reside una sola persona. En total, suman más de 109.000 casos, un 28% del total. Resulta llamativo que este tipo de familias casi supera a la de los pensionistas entre el grupo de consumidores «vulnerables severos», a quienes se les practica un descuento del 40% por su frágil situación socioeconómica por la que atraviesan.

En tercer lugar se sitúan las familias numerosas, con un 27% de los casos (aproximadamente unos 103.000). Para que este colectivo se beneficie del bono social -el del descuento del 25%- no es necesario que cumpla ningún requisito adicional relacionado con la renta. Aunque para acceder al de los consumidores muy vulnerables -con rebaja del 40% de la factura- sí que tienen un límite de ingresos anuales establecido en 15.039 euros (dos veces del IPREM, el Indicador Público de Rentas Múltiples).

Muy inferiores son los casos de familias con varios hijos que se encuentran protegidas por el nuevo bono social. Apenas representan un 6,6% del total de consumidores acogidos a este sistema. En este campo es en el, previsiblemente, pueda actuar con mayor contundencia Transición Ecológica, para que más hogares con rentas bajas tengan derecho a este apoyo financiero para pagar la luz. La ministra Teresa Ribera ya anunció el miércoles ante el Congreso su intención de ampliar los límites actuales -refiriéndose a los de renta- para que más familias puedan beneficiarse en el futuro.

El nuevo bono social establece un descuento del 25% sobre la parte del consumo de la factura, para hogares con una renta máxima de 11.182 euros al año -familias sin hijos-, de 14.910 euros -con un hijo- o 18.637 euros -dos-, además de las familias numerosas y pensionistas con prestaciones mínimas; o una rebaja del 40% para hogares en riesgo «severo», con ingresos de hasta 5.591 euros, 7.455 euros o 9.318 euros, dependiendo del número de descendientes, así como para familias en riesgo de exclusión social que sean atendidas por los servicios de la comunidad o el ayuntamiento correspondiente.