Apoyo unánime del Congreso a la subida de las pensiones con el IPC

La subida de las pensiones conforme al IPC tanto este año como el próximo –en este caso vinculado a lo que pueda aprobar antes el Pacto de Toledo– es, con mucho, la principal modificación introducida en el texto contable entregado en la Cámara Baja el pasado 3 de abril por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. De esa forma dichas prestaciones públicas elevarán finalmente su cuantía un 1,6% en 2018.

Esta enmienda fue de las pocas que contó con el respaldo de todos los grupos. Lo mismo pasó con el retraso hasta 2023 de la entrada en vigor del polémico factor de sostenibilidad, que en la práctica supondría una reducción paulatina de las pensiones, así como de la actualización de los pagos por viudedad.

Dichas modificaciones fueron aprobadas en la madrugada del jueves junto a otro centenar, al retrasarse las votaciones del primer día en la comisión de Presupuestos. También la segunda sesión se prolongó hasta bien avanzada la noche para incluir otros 150 cambios parciales.

Una de las enmiendas más relevantes negociadas con el PP con sus aliados presupuestarios afecta al superávit del sistema eléctrico, esto es, el sobrante anual que en los últimos años se ha venido produciendo entre los fondos públicos que reciben las eléctricas para financiar servicios e infraestructuras y el dinero de la factura de la luz que se destina a tal fin. Con dicho cambio solo hará falta una orden del Ministerio de Energía para dedicar ese dinero a pagar indemnizaciones para litigios con las normas del sector.

Entre ellos figuran los arbitrajes que España ha perdido por los recortes de ayudas a las renovables. El miércoles recibió su tercera derrota, esta vez por un contencioso con un fondo de inversión del emirato de Abu Dabi que se ha saldado con una sanción de 64,5 millones, intereses aparte. Los otros dos pleitos perdidos antes, por reducir de manera unilateral las primas prometidas a las llamadas fuentes verdes de energía, sumaron 181 millones.

Sin embargo, el tribunal de apelación de Estocolmo suspendió este jueves de forma «indefinida» el segundo laudo arbitral, que obliga a España a abonar 53 millones a los inversores de la sociedad Novenergia. Para ello se ha basado en el fallo dictado en marzo por el Tribunal de Justicia de la UE, que invalida dicho sistema para conflictos entre empresas y Estados dentro de los tratados bilaterales en la Europa comunitaria, y la empresa era de Luxemburgo.

La otra nota predominante de las enmiendas ha sido la voluntad del PP de contentar, en lo posible, a sus socios. Así, con Ciudadanos acordó invertir casi 35 millones en distintas infraestructuras en varias comunidades, por ejemplo, el transporte metropolitano en Valencia, la estación de tren barcelonesa de Sants o el soterramiento de vías en Madrid.

En el caso del PNV, se han pactado nuevas inversiones en el País Vasco hasta 2020 por 64 millones, entre ellas la renovación de una depuradora en Sestao o un intercambiador ferroviario en San Sebastián. Y UPN, que precisamente veía en las «coincidencias» del PP con los nacionalistas vascos «un escollo», logró casi 50 millones para Navarra, incluido un descuento para coches en los peajes de la AP-15.

Nueva Canarias consiguió 30 millones contra la pobreza en las islas y Foro Asturias otros 15 millones para reconversión industrial y reactivar las comarcas mineras. Y todos ellos aprobaron 50 millones extra para prevenir la violencia de género en todo el país, que se sumarán a los 80 millones ya previstos en los PGE. PSOE y Podemos, sin embargo, no pudieron pactar cambio alguno con el PP.