Parados, autónomos y pensiones bajas, beneficiados de la reforma que planea Escrivá

Y, como todo cambio, suele traer beneficiados y perjudicados. Parados, autónomos, carreras más cortas de cotización y los trabajadores con salarios más bajos serán los colectivos que, previsiblemente, se verán favorecidos con la reforma, pese a los múltiples interrogantes que hay puesto que aún está casi todo por diseñar y –lo que es más difícil aún– pactar con los agentes sociales y el arco parlamentario.

A día de hoy, lo que se sabe es que, pese a que la Comisión Europea presiona para ampliar el periodo de cálculo a los últimos 35 años, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha aparcado ya esta idea ante el rechazo generalizado que provoca, tal y como reiteró el pasado lunes. «De ninguna manera», prometió ante los micrófonos.

No llegará a los 35 años, pero su objetivo –siempre lo ha sido– sí será ampliar el periodo de cómputo. Pero, para hacerlo sin levantar demasiada polvareda, pretende introducir dos elementos que suavizarán en gran medida la nueva fórmula: la posibilidad de elegir los mejores años y descartar lagunas de cotización (esos periodos de tiempo en los que el trabajador no ha cotizado y que, por tanto, penaliza su pensión final).

Por cada año que se amplíe el periodo entre 25 y 35 años para calcular la pensión se reduce su cuantía de media un 0,9%, según la estimación realizada por el Banco de España en un informe reciente. Es decir, si se optara por alargar hasta los 30 años, la pensión inicial caería en torno a un 4,5%.

Significa además que esa propuesta no oficial que circuló por los despachos de La Moncloa de estimar la pensión con los últimos 35 años cotizados, habría provocado un tijeretazo en la pensión de los nuevos jubilados del 8,2%, que se sumaría además al recorte del 5% que ha supuesto la reforma de 2011, que amplió progresivamente de 15 años que se contabilizaban antes a los actuales 25.

La fórmula que maneja Escrivá de ampliar el periodo de cálculo pero permitiendo descartar algunos años –una solución que recomienda el Pacto de Toledo en su recomendación 5– mejoraría la jubilación de parados (sobre todo de aquellos que en sus últimos años de carrera y debido a alguna de las últimas crisis económicas se quedaron sin trabajo y no consiguieron reengancharse al mercado laboral), autónomos (puesto que las lagunas de cotización de este colectivo les contabiliza como 0), trabajadores con carreras cortas y los que tengan salarios más bajos. Así se extrae tanto del mencionado estudio del Banco de España como de otro anterior elaborado por el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social, formado por investigadores de la Universidad de Extremadura y Valencia.

La estimación realizada por el Banco de España arroja que si se eleva el periodo a 35 años y se eligen los 29 mejores el efecto sobre el sistema es neutro, de forma que la cuantía media no varía. Sin embargo, mientras los que tienen la pensión alta sí reducirían ligeramente su cuantía (-1,7%) y les costaría más llegar a la prestación máxima, se incrementaría en el caso de los que hayan estado más de un año en desempleo (2,5%) o con un empleo a tiempo parcial (0,6%) o bien tengan lagunas superiores a un año (2,8%). A su vez, las pensiones bajas saldrían favorecidas, con una subida de más del 2% para aquellos que estén por debajo de la mediana.

El impacto final de la reforma también va a depender de cómo se integren las lagunas de cotización; esto es, de cómo se rellenan las bases de aquellos periodos en los que no se ha cotizado, puesto que Escrivá ya ha avanzado que pretende darles «un mejor tratamiento». En la actualidad, a la hora de calcular la pensión, estas lagunas ya se compensan para los asalariados (no para los autónomos), rellenando las primeras 48 mensualidades con el 100% de la base mínima y el resto, por el 50%. Una opción que podría ponerse encima de la mesa sería mejorar ese 50% de bonificación.