Lagunas del plan de Escrivá para impulsar el ahorro privado en las empresas

Partiendo de la base de que hay que ser optimistas con el esfuerzo de Escrivá para impulsar los planes de empleo, aún quedan otros interrogantes que se irán despejando en los próximos meses. Entre otros, el del coste de los planes que se pongan en marcha. El ministro defiende que las elevadas comisiones de los planes individuales (de media del 1,04% frente al 0,21% de los planes de empleo) han impedido un mayor desarrollo del sistema complementario a la pensión pública. La idea inicial era establecer una comisión máxima del 0,5% para los nuevos vehículos (0,4% de gestión y 0,1% de depósito) pero, finalmente el tope se decidirá en el concurso público para seleccionar a las entidades gestoras.

Según la patronal, tampoco gusta del todo la fórmula escogida para controlar los fondos. El Gobierno no esconde que su objetivo es que los activos bajo gestión acaben convirtiéndose «en una fuente de financiación privada de las inversiones para la transición energética y digital». Y, al ser un plan de promoción pública, tendrá derecho a aportar su visión sobre las políticas de inversión. El temor es que la independencia de las gestoras se vea comprometida en este sentido. El plan contará con una Comisión de Control Especial de 17 miembros, nueve designados por el Ministerio, cuatro a propuesta de los sindicatos y otros cuatro de las patronales. Pero la elección de todos ellos dependerá de la Comisión Promotora, formada por nueve miembros del Ejecutivo.

También quedan por pulir detalles sobre la incursión de los autónomos en el plan. El Gobierno ha querido hacer un guiño fiscal al colectivo, que podrá acceder a una desgravación de 5.750 euros al año (1.500 euros por aportaciones a planes individuales y 4.250 euros al plan colectivo).

La duda es que, según el anteproyecto, serán las asociaciones las que promuevan los planes. ¿Podrán adherirse los no asociados sin pagar la correspondiente cuota mensual?Preocupa, además, la fórmula para sus aportaciones teniendo en cuenta que sus ingresos tienden a ser más irregulares que los de los asalariados. Y también echan en falta un llamamiento a la formación. Según un reciente estudio de Caser, el 65% de las pymes de hasta 50 empleados ni siquiera ha oído hablar de los planes de empleo. Y solo un 3% tiene contratado uno (10% en el caso de los autónomos).