La eterna reforma que comenzó a fraguarse en la Gran Recesión

Ambos presidentes pusieron en marcha dos grandes reformas de las pensiones, aunque la que va a culminar en 2027, casi 16 años después, será la de Zapatero. Porque Rajoy se quedó a mitad de camino: aplicó una parte de los ajustes que aprobó, aunque el final abrupto de su segunda legislatura –con la moción de censura de Pedro Sánchez– dejó en el aire la última parte de sus propuestas, que después el ministro José Luis Escrivá se encargó de borrar de un plumazo.

La primera parte de las reformas de las pensiones consistió en una de las decisiones más polémicas de los últimos años: elevar la edad legal de jubilación desde los 65 hasta los 67 años. Hacía décadas que en España se encontraba vigente la referencia de los 65 para retirarse después de toda una vida trabajando. Pero con aquel cambio legal se buscaba una jubilación más tardía, adaptada a la nueva pirámide poblacional española, en la que la vida media se encuentra por encima de los 80 años.

Aquella novedad no se impuso de un día para otro. El calendario establecía una implantación paulatina, año tras año, que se ha ido cumpliendo hasta que en el año 2027 todo trabajador deberá jubilarse a los 67, o bien hacerlo antes siempre que haya cotizado al menos 38 años y medio durante su vida laboral.

Otra parte de la reforma de Zapatero tuvo que ver con la cuestión que más quebraderos de cabeza ha causado a Escrivá: el número de años que la Seguridad Social tiene en cuenta para contabilizar las cotizaciones y calcular el importe de la pensión. En 2011 eran los últimos 15 años de vida laboral;en 2022 se alcanzó el hito de los 25 años.

El PP, por su parte, puso en marcha un sistema de revalorización de pensiones que ya no estaba vinculado a la inflación, sino que imponía subidas mínimas del 0,25% mientras el sistema de Seguridad Social tuviera déficit. Así lo hizo durante algunos ejercicios de su mandato.

Aunque su otra gran medida, el factor de sostenibilidad (un recorte de las nuevas pensiones a partir de 2019), la dejó aparcada en 2018 por la presión de los grupos parlamentarios con los que negociaba unos presupuestos que a la semana de ser aprobados fueron gestionados por Sánchez.