España necesita 25 millones de inmigrantes para sostener las pensiones

La receta del Banco de España es sencilla en el papel, pero complicada en la práctica: promover la extensión de la vida laboral, acometer «sin demora» un proceso de consolidación fiscal «ambicioso» con una perspectiva a medio plazo para que el sistema público de pensiones sea sostenible, así como analizar si las actuaciones públicas de conciliación familiar y laboral están ayudando a aumentar la fecundidad. Y con todo ello tampoco está garantizado que el sistema se estabilice.

Así, aunque el organismo detalla que los flujos migratorios han registrado un dinamismo muy elevado en los últimos años, pero «no parece probable que ello pueda evitar el proceso de envejecimiento poblacional en el que se encuentra inmerso nuestro país», así como «resolver los desajustes que podrían surgir en el mercado de trabajo en el futuro». De hecho, según sus estimaciones, en los próximos 30 años llegarán a España unos 10 millones de personas nacidas en el extranjero en edad de trabajar, pero este flujo es «completamente insuficiente» para que la tasa de dependencia en España en los niveles actuales.

Así, el organismo calcula que este volumen de llegadas tendría que ser «tres veces mayor» de aquí a 2053 para mantener estable la tasa. En concreto, indican que para que la tasa de dependencia siga en el 26,6% como ahora se necesita un colectivo en edad de trabajar de casi 56 millones de personas. Y según las estimaciones del INE de población nacional y extranjera en esa fecha, los cálculos del Banco de España indican que en 2053 se necesitarán 24,7 millones de inmigrantes más en edad de trabajar. El organismo aclara que esta cifra no se corresponde con los inmigrantes que deberían llegar a España (el flujo migratorio), sino «en cuanto debería haber aumentado el stock en esa fecha».

Y es que el gasto en pensiones siga la tendencia al alza en las próximas décadas que está experimentando los últimos años. Y eso que en la última década los desembolsos en pensiones se han incrementado en 1,1 puntos del PIB hasta suponer el 13% en 2022, al tiempo que el número de prestaciones ha crecido en algo más de un millón. La reforma de las pensiones de Escrivá incorporó obligaciones de gasto a futuro «que no vemos que vayan a ser compensadas por el lado de los ingresos», aseguró Ángel Gavilán, director de Economía y Estadística del Banco de España durante la presentación del informe, quien prevé que se tengan que tomar medidas adicionales.

De hecho, el Banco de España detalla que en 2023 hubo un total de 26.000 jubilaciones demoradas, un 50% más que en 2022, pero aún así solo son el 8% del total. Por tanto, el supervisor pide «profundizar en el análisis del efecto de los incentivos a posponer la edad de jubilación». Establece una serie de escenarios de cálculo en los que advierte de que incluso si se diera un volumen muy alto de personas que retrasaran la jubilación, el efecto en el gasto del sistema sería «muy limitado», por lo que hay que estudiar «medidas más allá».

En el mejor de los escenarios -si el 100% de los trabajadores se jubilaran con tres años de demora, es decir, a los 70 años- el ahorro para el sistema de pensiones en 2050 sería de un punto porcentual. Una cantidad «insuficiente» para corregir las elevadas obligaciones de gasto que se adquirieron con la reforma de las pensiones del exministro José Luis Escrivá entre 2021 y 2023, según indicó Ángel Gavilán, director de Economía y Estadística del Banco de España, durante la presentación del informe.

«Incluso en escenarios donde las nuevas bonificaciones tienen un efecto notable a la ahora de incrementar la edad efectiva de jubilación, la reducción del gasto en pensiones sería relativamente limitada», alerta el organismo. Según sus cálculos, cada año de incremento en la edad efectiva de jubilación estaría asociado a una disminución del gasto en pensiones de entre dos y seis décimas de PIB.

Hay que tener en cuenta que en 2025 está prevista la evaluación de la reforma de las pensiones a través de la denominada cláusula de salvaguarda. Dicha cláusula estipula que si la proyección del gasto medio en pensiones en el período 2022-2050 se desvía del 13,3% del PIB, el Gobierno deberá tomar medidas para corregir esa desviación, que podrían entrar en vigor a partir de 2026. Y en caso de no acordar ninguna, se produciría un incremento automático de las cotizaciones sociales en 2026, recuerda el organismo.

El problema es que ese incremento de las cotizaciones sociales tendrá implicaciones en el empleo. Los ejercicios de simulación del Banco de España indican que existe una relación directa entre los tipos de cotización y la evolución del mercado de trabajo. En concreto, los resultados apuntan a que un incremento de un punto porcentual en el tipo efectivo medio generaría, al cabo de cuatro años, una caída en el número de ocupados cercana al 0,25%, unos 50.000 empleos.