Escrivá quiere retrasar la edad real de jubilación y coger cotizaciones del desempleo

En su toma de posesión esta semana, Escrivá se comprometió a resolver «a corto plazo» el déficit de la Seguridad Social, que supera los 17.000 millones de euros. Para lograrlo, su propuesta pasa por elevar la parte de las cotizaciones sociales que se destinan al pago de pensiones (se denomina contingencias comunes) a costa de reducir las asignadas al pago por desempleo. Aquí es previsible que pueda producirse algún desencuentro con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, que vería recortado el presupuesto de su departamento. Los números reflejan que la parte contributiva de las prestaciones por desempleo pagadas por el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) está siempre en superávit, incluso en los momentos en que durante la crisis hubo mayor número de parados, superávit que en 2019 se situaba en torno a 1.500 millones de euros.

En concreto, en el informe que hizo Escrivá estando al frente de la AIReF planteó reducir el tipo de cotización por desempleo entre tres y cuatro puntos en favor de la cotización para el pago de pensiones; el Estado asumiría esa pérdida de ingresos para el SEPE, lo que supone un gasto de unos 10.400 millones.

También propuso que determinados gastos 'impropios' que ahora soporta la Seguridad Social pasen a ser asumidos por el Estado. Se trata de los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social (4.000 millones), de las bonificaciones para la creación de empleo mediante la reducción de cotizaciones (2.000 millones), de las prestaciones por maternidad y paternidad y las subvenciones implícitas a regímenes especiales (1.000 millones). En total, y descontando el superávit del SEPE, el Estado asumiría unos 16.000 millones de euros más de gasto, lo que permitiría prácticamente que la Seguridad Social alcanzara el equilibrio. Es cierto que el déficit del Estado se incrementaría en la misma medida en que bajara el de la Seguridad Social, pero al final el que importa y sobre el que se responde ante Bruselas es el déficit conjunto de las Administraciones Públicas; y con este traspaso, señala el informe, acabarían las dudas sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y se evitarían, además, «la adopción de decisiones de forma descoordinada e incoherente como pueden ser bajadas de impuestos o aumento del gasto en partes de la administración que aparecen como excedentarias por separado». Además, para llevar adelante estas medidas bastaría con una modificación en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y un cambio en la Ley General de la Seguridad Social.

Otra cosa distinta es qué hacer a largo plazo. A juicio del ahora ministro, en ese caso, la vía es profundizar en las reformas de 2011. El informe elaborado por el nuevo secretario de Estado de Seguridad Social bajo la dirección de Escrivá en la AIReF propugnaba retrasar la edad efectiva de jubilación un año y aumentar de 25 a 35 años de cotización el periodo de cómputo para calcular el importe de la prestación. Ambas medidas lograrían reducir el gasto en pensiones en hasta 1,7 puntos del PIB en 2048.

El retraso en la edad real de jubilación se haría modificando los requisitos de acceso a la pensión anticipada y ordinaria porque «existen numerosas situaciones de acceso a la jubilación antes de la edad legal». La edad efectiva de jubilación prevista en España en 2027 será, si no cambia la normativa, de 64,5 años cuando la edad legal está fijada en 67 años. Un aumento de un año en la edad efectiva permitiría contener el gasto entre 0,4 puntos y 1,2 puntos porcentuales del PIB en 2048.

A su vez, calcular la pensión con 35 años de cotización en lugar de 25 reduciría en medio punto del PIB el gasto porque a más años de periodo de cómputo menor importe de la pensión, puesto que entran en el cálculo sueldos inferiores, que son los que se suelen percibir en los primeros años de trabajo. Esta medida también reforzaría la contributividad del sistema e incentivaría las cotizaciones a lo largo de toda la vida laboral. Especialmente relevante, señala el informe «cuando existe margen para decidir la base de cotización como en el Régimen Especial de Autónomos».