Escrivá plantea subir las cotizaciones máximas un 30% en 30 años

De igual manera, Escrivá pretende que las pensiones máximas suban en esa misma proporción. No obstante, para llegar a cobrar una jubilación que rozará los 4.000 euros al mes, el periodo de tiempo para que entre en vigor será bastante más largo, porque los beneficiarios deberán haber cotizado por ese plus durante gran parte de su carrera laboral.

Este decalaje servirá para tener más ingresos en las épocas de mayor tensión del sistema, que será durante las décadas de los años 40 y 50, que es cuando habrá una explosión de jubilados por la generación del 'baby boom', ya que se cotizará más primero, en ese periodo de mayor gasto, y las pensiones más altas se pagarán mucho después, cuando comiencen a jubilarse esa generación que ya ha cotizado más, lo cual tardará muchas décadas en materializarse.

Escrivá plantea de esta forma una regla automática que eleve cada año las cotizaciones máximas en un porcentaje adicional a la inflación, lo que implicaría que anualmente las bases de esos cerca de 1,2 millones de trabajadores con mayores rentas se elevarán en torno al 1% por encima del IPC medio del año anterior (la referencia que se utiliza para la revalorización de las pensiones) hasta superar los 5.400 euros mensuales. Su intención es que después de esos 30 años el salario por el que cotizarán los trabajadores mejor remunerados se eleve hasta los 65.000 euros anuales frente a los actuales 49.600 euros. Por encima de esta cantidad, no se paga a la Seguridad Social, por lo que hay unos 35.000 millones de euros de masa salarial que no contribuye al sistema, según estimaciones del ministerio.

Escrivá se negó este jueves en rueda de prensa a confirmar porcentajes y aseguró que «es claramente prematuro» porque están buscando una «convergencia», aunque desde su departamento admitieron que se situará «por ese entorno».

En cualquier caso, la negociación se tiene que «terminar pronto», ya que hay que «tener esto cerrado antes de fin de año», incidió el ministro. Y las posturas son aún dispares: los sindicatos están batallando por conseguir un destope mayor y alcanzar los 72.000 euros, mientras que la CEOE –que denuncia que se está enterando de la propuesta por la prensa– se mantiene reacia a la subida.

Además, falta por definir el año en el que comenzará a aplicarse la subida progresiva de las cotizaciones máximas: podría empezar en 2024 o 2025, una vez que se ha descartado que sea en 2023, cuando el Gobierno ya ha establecido un aumento de las cuotas máximas del 8,6%.

Más verde aún parece estar la otra medida que tienen que aprobar este año: la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones. Se utilizarán más de los actuales 25 años, pero no se superarán los 30 años y se permitirá descartar uno o alguno.

Estas segunda fase de la reforma de las pensiones se aprobará también vía real decreto y previsiblemente se incluirá además una ampliación del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) hasta 2050, como demanda Bruselas. El MEI es la subida de 0,6 puntos porcentuales de todas las cotizaciones que entrará en vigor en 2023 durante los próximos diez años para compensar la derogación del factor de sostenibilidad e irá a llenar la hucha de las pensiones. Pero la Comisión Europea recela de esta medida, pide que sea una regla automática que tenga un impacto semejante al factor de sostenibilidad y aboga al menos por prorrogarlo directamente durante más tiempo, en vez de evaluarlo al cabo de diez años y ver si hace falta más medidas.

Escrivá pretende convencer a Bruselas, pero si no lo consigue, algo que parece muy probable, prorrogará este incremento de cuotas hasta principios de los 50.