Escrivá se ve obligado a ampliar el período de cálculo de la pensión, pero lo retrasará a enero

Hasta hace escasos días, Escrivá reiteraba una y otra vez que cumpliría con el hito comprometido con Bruselas y las dos medidas que faltaban por completar de la reforma de las pensiones aprobada hace un año, la ampliación del periodo de cálculo y la subida de las bases máximas de cotización, verían la luz en tiempo y forma, es decir, en 2022. No ha sido posible y el discurso que mantienen ahora desde Seguridad Social es que no pasa nada por retrasar un poco el plazo y llevarlo hasta enero, puesto que mantienen constantes contactos con la Comisión y la revisión del plan de recuperación comienza en febrero. «Siempre existe un poco de margen. Sería suficiente con tenerlo antes de fin de enero», explican, al tiempo que recuerdan que sucedió lo mismo con la reforma de los autónomos, que se retrasó 21 días.

Lo que Escrivá descarta totalmente es dar marcha atrás y retirar su polémica propuesta de aumentar el periodo que se utiliza para calcular la pensión de los actuales 25 últimos años a 30 años, descartando los 24 peores meses. Aquí ya no tiene margen de maniobra. Fuentes de su departamento explican que es una exigencia de Bruselas y sí o sí se va a aprobar con o sin acuerdo en la mesa del diálogo social. En todo caso, podría hacerse algún mínimo retoque para intentar alcanzar un pacto que a día de hoy parece imposible, pero que seguirán intentando.

Desde la última reunión que mantuvo el Gobierno el pasado 12 de diciembre no ha habido ningún avance ni acercamiento. Las posturas siguen siendo totalmente distantes, por uno y otro bando. El Ministerio de Seguridad Social se comprometió a enviar un nuevo documento a los interlocutores sociales en el que se recogieran algunas de sus propuestas e incluso se habló de bloquear agendas para volver a reunirse a finales de la pasada semana. Sin éxito. «Hay una especie de silencio», denuncian desde la patronal, que recalcan que no les han aportado la información que han demandado sobre el impacto económico que tendría ampliar a 28 años el tiempo para calcular la pensión y elevar un 30% las cotizaciones máximas por encima de la inflación hasta 2050.

Los sindicatos sí admiten algún contacto telefónico, pero todo extremadamente ralentizado. «La negociación va muy lenta y en ningún caso acabará antes de que finalice este año», reconoció este jueves el secretario general de CC_OO, Unai Sordo, quien señaló que «le quedan aún bastantes capítulos».

Escrivá está ahora más centrado en buscar apoyos entre los grupos políticos que le permitan superar el trámite parlamentario, tal y como le demandan los agentes sociales, que además le exigen que presente también su iniciativa al Pacto de Toledo. Esta vez el ministro quiere tener atados los apoyos en la Cámara para que no le suceda el respaldo por la mínima que obtuvo en la última reforma.

Además, en este paquete previsiblemente se incluirá la ampliación hasta 2050 del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), tal y como pide Bruselas. Esto, junto con el destope de las bases máximas, las medidas para limitar la prejubilación y retrasar el retiro y la reforma del RETA, servirá para cubrir el incremento del gasto en pensiones de la generación del 'baby boom', que pasará de suponer el 12% del PIB al 15,5%, según estima Escrivá.