Casi cinco millones de trabajadores no cotizan por sus ingresos reales

El colectivo más numeroso lo forman, efectivamente, los autónomos: más de 3,3 millones, que eligen libremente su base de cotización. Y una inmensa mayoría, el 85%, se decanta por pagar la cuota mínima: 294 euros al mes si son personas físicas, 377 euros si son societarios. Hasta ahora, porque a partir del próximo año debería comenzar a aplicarse ya el nuevo modelo que negocia el ministro José Luis Escrivá con el colectivo para que sus cotizaciones se hagan en función a sus rendimientos netos y, aunque el diseño debería cerrarse este mes de junio, por el momento el acuerdo parece lejano.

Pero hay otro colectivo formado por los trabajadores que más ganan y que cotizan por las bases máximas, que se sitúa en los 4.139,4 euros, un límite que Podemos quiere eliminar y que esta pasada semana el PSOE votó en el Congreso a favor por error. Se trata de aquellos que tienen unos ingresos superiores a los 49.672 euros al año, que es la remuneración máxima por la que se debe pagar en 2022 a la Seguridad Social; es decir, en la actualidad, cualquiera que gane más de dicha cantidad no cotiza por ello.

Desde el Ministerio de Seguridad Social no dan el dato de cuántos afiliados se encuadran en las bases máximas, pero en 2018 ofrecieron a la AIReF el cálculo de que serían en torno a 1,5 millones de trabajadores, una cifra que coincide con la estimación que se puede extraer de la Encuesta de Estructura Salarial del INE de que 1,4 millones de ocupados tienen unos salarios superiores a los 50.000 euros. CC OO, por su parte, habla de entre 1,1 y 1,2 millones los que cotizan por la cuota máxima durante todo el año, que se podrían elevar a 1,5 millones si se incluye a los que han cotizado por lo menos un mes del año.

Por último, las casi 380.000 empleadas del hogar que están dadas de alta en el sistema tampoco cotizan por sus ingresos reales, sino por la base tarifaria, una serie de tramos que, no obstante, en los últimos años se ha mejorado y se aproxima bastante a lo que ganan, según señala Carlos Bravo, secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas de CC OO. Bravo denuncia, no obstante, que el problema de este sector es el alto porcentaje de economía sumergida que existe y hay que combatir. De hecho, mientras que solo están registradas 378.000 empleadas domésticas, en la Encuesta de Población Activa (EPA) figuran casi 550.000, por lo que 165.000 trabajan de forma irregular. Por eso el Gobierno ha lanzado una campaña contra el fraude en este colectivo que ha permitido ya regularizar a miles y miles de trabajadoras.

Pero el objetivo del Ejecutivo es que de forma inminente las cotizaciones de estos cinco millones de afiliados se aproximen cada vez más a sus ingresos. Por eso, este mismo lunes el Ministerio de Inclusión mantendrá una nueva reunión con los agentes sociales para tratar de consensuar el nuevo sistema de cotización para los autónomos que entrará en vigor en 2023, aunque por el momento la última propuesta de trece tramos con cuotas entre 250 y 550 euros cuenta con el rechazo rotundo de la CEOE.

Pero además Escrivá se propone pactar antes de final de año un «moderado destope de las bases máximas de cotización» que acarrearía a su vez una subida de la pensión máxima en la misma proporción. Su objetivo es aumentarla de forma gradual un 25% en los próximos 25 años para alcanzar los 60.000 euros anuales.