La CEOE exige restaurar el factor de sostenibilidad que recorta las nuevas pensiones

«Desde la CEOE estamos reclamando que se incluya el factor de sostenibilidad. Sin él no se va a poder reequilibrar el tema de las pensiones», advirtió Fernández de Mesa, que recalcó que este «problema» no se va a resolver poniendo «parches aquí y allá», sino con «medidas estructurales», que tengan a la sostenibilidad «en el eje».

En este sentido, el también presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE) cargó contra la política del Gobierno de aumentar los ingresos a costa exclusivamente de elevar los impuestos a las empresas y, más concretamente, contra la subida del 8,6% de las cotizaciones máximas sin previa consulta con los agentes sociales. Señaló que esta medida –que provocó un fuerte enfado en la patronal, que emitió un duro comunicado– va a tener un efecto recaudatorio «mínimo, casi inapreciable» y, en cambio, va a provocar una menor creación de empleo.

«Nosotros siempre hemos sido razonables y leales al Gobierno, independientemente del signo político, pero creemos que en este caso está yendo en la dirección contraria: con la situación actual que tenemos, aumentar más la presión impositiva sobre la empresa española es ir por el mal camino», señaló el vicepresidente de la CEOE, que denunció que España tiene ya mayor carga de cotizaciones que la media europea y, si lleva a cabo una reforma fiscal, «vamos a ser el campeón de los impuestos en Europa».

Este aviso se produce precisamente cuando el Gobierno tiene abierta la mesa del diálogo social para negociar la segunda fase de la reforma de las pensiones, en un ambiente muy tenso por unas relaciones con los empresarios que van a peor. Así, si la patronal hace apenas unos días advirtió que había «perdido la confianza» en el Ejecutivo para acordar esta reforma, ayer fue un paso más allá y le acusó de «no hacer los deberes» en una de las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos.

De esta forma, los empresarios dan marcha atrás y se retractan del acuerdo suscrito con el Gobierno y los sindicatos en julio de 2021, en el que apoyaron la derogación de los dos elementos centrales de la reforma de las pensiones del PP: el índice de revalorización, que limitaba la subida de las prestaciones al 0,25% mientras el sistema estuviera en déficit, y el factor de sostenibilidad, que supone un recorte de hasta el 20% en las nuevas jubilaciones, según recalcó recientemente el ministro José Luis Escrivá.

La CEOE se posiciona junto a otros organismos como la Comisión Europea, que pone en duda el nuevo mecanismo de equidad que sustituye al factor de sostenibilidad, o el Banco de España, que precisamente ayer mismo abogó por introducir «mecanismos automáticos de ajuste que adapten algunos parámetros del sistema a los cambios que se produzcan en las dinámicas demográficas y económicas» para hacer frente al incremento del gasto en pensiones. Así, el director general de Economía y Estadística del organismo supervisor, Ángel Gavilán, advirtió que el mayor gasto futuro en pensiones asociado a la derogación del índice de revalorización y el factor de sostenibilidad no ha sido compensado aún en su totalidad por las nuevas medidas introducidas recientemente.

El consenso que pareció existir hace poco más de un año para sacar adelante la reforma de Escrivá se rompe ahora con el nuevo escenario económico, ya que la inflación disparada implicará una subida del 8,5% de las pensiones en 2023. Esto supondrá un fuerte desembolso de más de 15.000 millones de euros extra en un sistema que sigue en números rojos, mientras que las nuevas medidas no logran mejorar los ingresos de la Seguridad Social. Pese a ello, Escrivá insistió ayer en que no hay un «problema de desequilibrio» y que la subida se está financiando «correctamente». Por ello, rechazó establecer «cláusulas o reglas de escape» que permitan evitar que las pensiones suban conforme al IPC en situaciones excepcionales.