Caen las jubilaciones anticipadas a menos de un tercio de las altas

Desde la reforma de las pensiones aprobada por el entonces ministro de Seguridad Social José Luis Escriva, a la jubilación anticipada voluntaria, que solo puede realizarse dos años antes de la edad legal, se le aplican coeficientes reductores mensuales sobre la cuantía de la pensión en lugar de sobre la base reguladora de la pensión como se hacía antes. Esto supone en la práctica un mayor recorte de la pensión, ya que en rentas altas la base reguladora es superior a la prestación, que está topada. Además, desde enero de este año entró en vigor una nueva vuelta de tuerca para las pensiones altas. Hasta este año hubo un periodo de gracia de dos años para los jubilados a los que, una vez descontado el coeficiente reductor, les correspondiese una pensión por encima del límite máximo; sin embargo, a partir de enero se les aplica el coeficiente reductor sobre la pensión máxima, con lo que no pueden eludir el recorte en la pensión aunque hubieran generado derecho con sus contribuciones a la máxima con carácter anticipado.

Las mayores penalizaciones han acabado teniendo su efecto y en la actualidad el peso de las jubilaciones anticipadas está muy lejos del máximo de retiros tempranos que se alcanzó en 2004, cuando representaban el 49,6% de las nuevas altas.

Por otro lado, los incentivos en vigor desde 2022 para demorar la jubilación más allá de la edad legal (un incremento adicional del 4% por cada año de retraso) ha contribuido a elevar la edad media de retiro. Este año, la edad legal de jubilación está en 66 años y 6 meses cuando se cuente con menos de 38 años de cotizaciones; en caso de acumular 38 o más años cotizados, se podrá jubilar con 65 años. La edad media de retiro actualmente está en 65,2 años.

La Seguridad Social destinó en agosto 12.828,7 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,5% más que en igual mes de 2023. Al pago de pensiones de jubilación se destinaron 9.378,6 millones de euros (el 73,1% del total), un 6,8% más que en agosto del año pasado. A pensiones de viudedad fueron 2.111 millones de euros, un 5,2% más que hace un año, mientras que a las prestaciones por incapacidad permanente se dedicaron 1.133 millones (un 7% más).

En agosto de este año se han abonado 10.208.300 pensiones contributivas, casi un 1,4% más que hace un año, a más de 9,23 millones de pensionistas, un 1,3% más. Del total de pensiones, 6,5 millones eran pensiones de jubilación; 2,4 millones eran pensiones de viudedad; 974.169 eran de incapacidad permanente; 341.987 eran pensiones de orfandad, y 46.196, en favor de familiares.

La pensión principal percibida es la de jubilación para 6,4 millones de personas, de las que el 60% son varones; la de viudedad es la principal prestación para 1,5 millones de personas (el 96% son mujeres); la de incapacidad permanente es la pensión principal para 969.706 pensionistas; la de orfandad para 323.891 personas, y la de favor de familiares para 45.619 pensionistas.

Tras la subida de las pensiones con el IPC aplicada desde principios de año, la pensión media de jubilación aumentó en agosto casi un 5% interanual, hasta los 1.444 euros mensuales. En el Régimen General, la pensión media de jubilación ascendió a 1.603 euros mensuales, frente a los 964 euros al mes del Régimen de Autónomos. En la Minería del Carbón, la pensión media de jubilación es de 2.805 euros al mes y en el del Mar, de 1.600 euros.

La cuantía media de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió en el mes de julio de 2024 (último dato disponible) a 1.559 euros mensuales.