El Banco de España ve cortas las medidas para cuadrar las pensiones

A pocas horas de que esta misma semana el Congreso apruebe el paquete de medidas acordado entre Gobierno y sindicatos –sin el aval de la patronal–, el gobernador considera que la vuelta al IPC para subir las pensiones supone un aumento de gasto en el sistema de 3,3 puntos porcentuales de PIB entre 2019 y 2050; y calcula que no aplicar el factor de sostenibilidad –por el que se ajustaba la primera pensión en función de la esperanza de vida, entre otros parámetros–, implica casi un punto más de gasto en función del PIB.

Frente a la supresión de ambas medidas (factor de derogación y revalorización limitada al 0,25% en función de las cuentas de la Seguridad Social), el Ejecutivo ha introducido varias medidas. Entre ellas, el mecanismo de equidad intergeneracional por el que se contempla un aumento de cotizaciones de 0,6 puntos entre 2023 y 2032. Además, se aprueban una batería de incentivos y penalizaciones para acercar la edad de jubilación efectiva (64,7 años) a la edad legal (66 años en 2021) y se transfieren recursos del Estado para asumir gastos impropios que, hasta ahora, había venido sufragando la Seguridad Social pese a ser ajenos a las pensiones contributivas.

Para Hernández de Cos, la batería de medidas dirigidas a retrasar la jubilación está, ha dicho, «sujeta a una elevada incertidumbre», con unas estimaciones por parte del Gobierno de entre 1,1 y 1,6 puntos de PIB de menor gasto en 2050, mientras que la transferencia de recursos sanean las cuentas del sistema pero no en el conjunto de la Administración. «Estas medidas de compensación no son suficientes para compensar totalmente y requerirán de adicionales en el futuro para compensar, bien por la vía de ingresos o de los gastos, estos efectos», ha aseverado.

Además, el gobernador avisa de que la inflación podría elevar el gasto en pensiones unos 1.500 millones de euros por encima del gasto presupuestado para 2022.