La AIReF propone que el Estado asuma gastos de la Seguridad Social para cerrar su agujero

Así, el gasto estructural se incrementaría entre 2 y 4 puntos del PIB en los próximos 30 años por el envejecimiento poblacional, hasta llegar a representar el 13,5% del PIB en 2048 si no se toman medidas para elevar los ingresos o reducir el gasto. «La continua catarata de datos sobre problemas de financiación de la Seguridad Social genera una enorme incertidumbre en la sociedad y en los agentes económicos que nos preocupa mucho», han señalado este miércoles durante la presentación del informe fuentes de la AIReF.

En su opinión, esta sobreinformación genera distorsiones en la toma de decisiones de los cotizantes y los pensionistas, afectando a sus decisiones de ahorro y consumo y llevando a una desafección generalizada con el funcionamiento del sistema. Por ello, plantea al Gobierno que el Estado asuma el déficit de la Seguridad Social y se visualice como parte del déficit de la Administración central, elevando su previsión estatal para 2019 del 0,8% hasta el 2,2% del PIB, dejando a cero el de la Seguridad Social y manteniendo el del conjunto de las Administraciones Públicas en el 1,9%.

El organismo defiende traspasar la responsabilidades de gasto desde la Seguridad Social al Estado, combinando el trasvase de cotizaciones del SEPE hacia la Seguridad Social (lo que aportará al sistema 10.400 millones) con transferencias del Estado para financiar otros gastos (otros 7.000 millones). Concretamente, la AIReF plantea en su documento reducir el tipo de cotización por desempleo (actualmente del 7,1%) e incrementar lo mismo el de contingencias comunes (28,3% en el Régimen General), según el informe sobre la Sostenibilidad del sistema.

Otra de las fórmulas que propone para sanear el sistema a largo plazo es profundizar en la reforma de 2011 del Gobierno de Zapatero. ¿De qué forma? Con una doble vía. Por un lado, aumentar la edad efectiva de jubilación, que se podría hacer subiendo la edad ordinaria de jubilación y dificultando la salida anticipada de trabajadores. Y es que la edad efectiva de jubilación en España (62,4 años) está por debajo de la media de los países de la OCDE (64,3 años) y presenta una de las mayores distancias respecto a la edad legal, llegando a los 2,5 años.

Por otro lado, elevar el cómputo de la carrera de cotización a toda la vida laboral. Aunque actualmente está fijado en los 20 años y aumentará hasta los 25 en 2022, la AIReF considera que hay que ampliar el periodo hasta los 35 años para reducir el cálculo inicial de la pensión. Está también por debajo del utilizado por los principales países de nuestro entorno, donde está generalizada la utilización de la carrera laboral completa. El impacto sobre el gasto en 2048 podría llegar a alcanzar los dos puntos del PIB, revela el informe.

Eso sí, la Autoridad Fiscal destaca que la solución adoptada debe ser «factible, creíble y consistente» en el tiempo. «La decisión sobre el futuro que adoptemos hoy debe ser también la que adoptaríamos llegados a ese momento», señalan fuentes de la AIReF. Así, el ajuste del sistema de pensiones mediante el índice de revalorización (IRP) es una estrategia «no sostenible» de contención del gasto porque cuando llega el momento de aplicarlo en sus extremos más costosos políticamente, los incentivos para deshacer la reforma son demasiado fuertes.

Las estimaciones del organismo prevén que la aplicación del IRP en ausencia de medidas de incremento de ingresos, hubiera supuesto una revalorización del 0,25%, lo que hubiera contenido el gasto en más de 2 puntos del PIB adicionales, reduciendo el gasto en pensiones en 2048 del 13,4% al 11,3%. No obstante, iría acompañado de una reducción de 8 puntos en la tasa de cobertura de las pensiones respecto de los salarios por la pérdida continuada de poder adquisitivo.

Por ello, fuentes del organismo apuntaron que si finalmente se elimina el índice de revalorización de las pensiones se debe ofrecer una alternativa, ya que lo contrario generará un problema de sostenibilidad a partir de mediados de la próxima década, con un aumento de la deuda pública «muy significativa». El retorno a la revalorización con el IPC en 2018 y 2019 y otras medidas sobre pensiones mínimas y de viudedad añadirán hasta tres puntos al crecimiento anual inercial del gasto en pensiones a futuro. La Comisión del Pacto de Toledo será quien determine finalmente cuál será la regla a partir de 2020.