El peligro de los créditos rápidos

De las tarjetas de crédito, a las 'revolving' y de ahí a los créditos rápidos. «La deuda era cada vez mayor y todo se me iba en pagar intereses», recuerda de aquellas «noches en que no podía dormir». «Los 6.000 de la tarjeta Wizink se convirtieron en 12.000, y por los 300 de uno de los micropréstamos pagaba 60 al mes por las comisiones, pero los 300 seguían ahí». En el peor momento de aquella avalancha que se inició en 2017, cuando comenzó el auge de las web de dinero veloz, llegó a tener 25 créditos abiertos. Carmen M. recuerda a algunos prestamistas: Vivus, Crédito Más, Savso...

Los establecimientos financieros de crédito, conocidos en el argot económico como EFC, se distinguen de las instituciones bancarias en que no pueden captar fondos del público pero sí conceder préstamos. Han visto crecer su negocio un 27% en los últimos cinco años y para 2019 ya prestaban casi 51.000 millones de euros, el 4,2% del total de los préstamos a las familias, y la cuarta parte del total de créditos al consumo, según datos del Banco de España.

Hay 27 firmas bajo la lupa del supervisor pero ninguna de las marcas que aparecen en los primeros lugares de los buscadores de internet, donde los usuarios solicitan y obtienen sus préstamos, tienen nombres que coincidan con estos registros. «Algunos de estos EFC son filiales de bancos», señala el documento 'Situación y perspectivas de la financiación del consumo' de CaixaBank Research.

Mientras el deudor honre sus cuotas, las reglas del juego, aunque onerosas, funcionan. Sin embargo, si no se cancelan cuando llega la fecha tope el coste del dinero se dispara. «El negocio es que no pagues cuando vence el crédito», explica Rubén Sánchez, secretario general de la asociación de consumidores Facua. «Ganan con los morosos, cuyos retrasos en el pago generan comisiones e intereses que son desproporcionadamente altos. Son personas que han visto empeorar su situación y no llegan a fin de mes. Pero sólo alargan la agonía».

En tiempos de crisis, como ahora, la realidad se impone. En 2020 se ha incrementado la morosidad de los deudores de créditos al consumo, como nunca antes en España hasta llegar a una cartera dudosa de 5.118 millones, un 27% más que a finales del año pasado. «El último escenario que desea un prestamista es el impago», indica la Asociación Española de Micropréstamos (AEMIP) que agrupa firmas que prestan «un máximo de 500 euros para ser devueltos en una única cuota en un periodo muy reducido» y denuncia «un volumen importante de picaresca y fraude».

Aunque el endeudamiento de las familias españolas sigue una tendencia a la baja (14% menos en los últimos seis años), los créditos al consumo van por el camino contrario. De 57.000 millones en 2014 a 94.000 millones en 2019. No hay información oficial sobre el número de personas que ha recibido préstamos al consumo ni sobre el importe medio. A grandes rasgos, más de la mitad se destina el capital a «bienes de consumo duradero», pero miles de millones al año son de un tipo de consumo que no deja huella, un síntoma también en ascenso: de los 28.800 millones de 2014 a los 38.436 millones de 2019. En esa cifra de dinero quemado se disuelven también los créditos de Carmen M. y aquellos en su situación.

Tampoco existen datos segmentados sobre los casos de usura que se han dirimido en los tribunales españoles pero las reclamaciones por los créditos personales y al consumo se encuentran en el cuarto lugar de las quejas recibidas por el supervisor debido a «operaciones fraudulentas», según la Memoria del Banco de España de 2019.

Los contratos de Carmen M. están en tribunales. «Tenía una deuda enorme y cada vez menos liquidez», prosigue Carmen M., que asegura que ya ha ganado «una docena» de pleitos, aunque «la mitad» ha sido recurrida por los demandados. «Pedía una ampliación de préstamos y me refinanciaban», acusa Carmen M. «Tenía mi piso ya pagado y lo hipotequé. Me embargaron la pensión durante cinco meses por un préstamo de 300 euros. Lo he pasado muy mal. Hasta que dejé de pagar. Si no, no comía».

Así como pedía dinero fácil por internet, Carmen M. también encontró un despacho especializado que analizó sus contratos. «Estas empresas dan un apoyo casi inmediato, pero es pan para hoy y hambre para mañana», afirma Javier Moyano, director de Reclamapormí, que representa a Carmen M. y que ha visto triplicarse las consultas en 2020. «Antes nos encontrábamos gente joven que tiene más difícil acceder a un crédito personal, y ahora es gente que necesita cubrir los gastos diarios. En esta crisis son autónomos o gente con su propio negocio».

Los prestamistas agrupados en la AEMIP, sin embargo, mantienen que la demanda no se ha incrementado durante la pandemia. El año pasado sus once socios firmaron un millón de operaciones por un monto aproximado de 300 millones, y no estiman que se incremente este ejercicio. Ahora van, dicen, «con mayor cautela».

La nulidad de estos contratos, cuando se aprecia usura, comienza a sentenciarse en los tribunales. El caso más reciente consistió en una apelación ante la Audiencia Provincial de Oviedo por parte de Crédito Más. La demandante tenía que afrontar una tasa de interés TAE (tasa anual equivalente, que sirve para comparar la oferta) de más del 14.000% «cuando el promedio del dinero que ofrecían las entidades bancarias estaba en ese momento en el 9,87%», estableció el juzgado en plena pandemia. Los establecimientos de préstamos rápidos reconocen sus tasas desorbitadas pero mantienen que «la TAE ha sido diseñada para comparar productos a largo plazo» y «el efecto exponencial de su cálculo» llega a «un porcentaje muy alto (…) que supera el 1.000%», en sus «productos». Sin embargo, el primer indicador para detectar la usura, afirma Moyano, es la TAE.

En éste y otros casos resueltos este año se habían cobrado comisiones fijas más un interés «superior al habitual en los créditos personales». La sentencia de Oviedo anuló el contrato, obligó a la demandada a abonar la cantidad que excedía del total prestado, pero no eximió al deudor de devolver lo recibido. «El problema de fondo es que no hay una regulación del concepto de usura, que se considera algo 'considerablemente superior' a la media pero es interpretable», advierte Sánchez. «Para un consumidor es complicado saber si le han tomado el pelo».

«En mi banco me dijeron que esto me pasaba por haber estirado más el brazo que la manga», dice Carmen M. «Tener estas deudas es un tema tabú, pero le puede pasar a cualquiera, más con el coronavirus que la gente se queda en paro. Lo hice todo de buena voluntad pero ahora pienso que debí dejar las casas como estaban».