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«Hasta donde sé, China y Estados Unidos no han mantenido consultas o negociaciones sobre el asunto de los aranceles, por no hablar de alcanzar ... un acuerdo». Así de tajante se ha mostrado el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, sobre la posibilidad de que ambas potencias hayan tendido puentes hacia un posible acuerdo para acabar con la guerra comercial.
Las declaraciones del portavoz, recogidas por el diario chino 'Global Times', tienen lugar apenas unas horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que hay contactos «diarios» entre ambos países para llegar a acuerdos comerciales, una información que Jiakun ha tildado de «falsa».
Los últimos movimientos de Washington parecen querer tender la mano a China, aunque los aranceles del 145% que EE UU aplica al gigante asiático siguen en vigor. Este miércoles, Trump moderó el tono y aseguró que tiene la intención de bajar «sustancialmente» los gravámenes a China, aunque «no hasta cero», y que está dispuesto «a ser muy bueno» con ellos. En este sentido, el 'Wall Street Journal' apuntó ayer que la tasa podría reducirse hasta acabar entre el 50% y el 65%, aún así un porcentaje muy elevado. Según Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, la actual es «una oportunidad increíble» para que EE UU y China reestructuren sus economías.
Con todo, Jiakun ha manifestado que la postura del país asiático sigue siendo «consistente y clara». «Lucharemos si hay que luchar. Nuestra puerta está abierta si Estados Unidos quiere hablar. El diálogo y la negociación deben ser igualitarios, respetuosos y recíprocos», ha asegurado, en unas declaraciones que van en la misma dirección en la que se ha mostrado el Ejecutivo chino desde que la guerra comercial comenzó.
Asimismo, los aranceles de Trump comienzan a levantar ampollas entre los ciudadanos estadounidenses. Este miércoles, un total de doce estados han demandado a Trump. Encabezados por los fiscales de Arizona y Oregón, Kris Mayes y Dan Rayfield, han presentado una denuncia contra la Administración Trump porque «el presidente ha alterado el orden constitucional y ha sembrado el caos en la economía estadounidense». Argumentan que los gravámenes que están imponiendo la Casa Blanca socavan la autoridad constitucional del Congreso para regular el comercio exterior.
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