Los expertos insisten en instalar peajes aunque el Gobierno lo descarte

La semana pasada fue la patronal de la construcción (Seopan) la que pidió reabrir el debate de la instalación de peajes aludiendo al gran gasto público destinado a la conservación de las autovías que podría ir a otras partidas. El presidente de Seopan, Julian Núñez, reconoció que implantar el modelo de pago de uso no saldría gratis, sino que requeriría una inversión inicial al Estado de unos 1.000 millones de euros, pero asegura que se recuperarían de 3.000 a 5.000 millones al año por menores costes y aumento de la recaudación.

En el análisis de Fedea se hace hincapié en que los mayores ingresos obtenidos por esta vía se podrían reinvertir en subvenciones al transporte público urbano. Estas recomendaciones deberían incorporarse al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, actualmente en trámite parlamentario. Sin embargo, Fedea criticó que el texto «no apunta en la dirección correcta», sobre todo por la poca evaluación de las medidas que propone. «Hay una gran falta de 'konw how' técnico necesario para llevar estas medidas a cabo», indican los expertos, que se toman esta ley como un «brindis al sol». «Hay muchos buenos deseos, pero sin medidas efectivas para asegurar su cumplimiento», resaltó De la Fuente.

De hecho, esta ley tiene como objetivo central «reorientar la movilidad hacia modos de transporte más sostenibles», pero para lograrlo el texto incluye un «heterogéneo listado de disposiciones, generalmente de carácter indicativo, cuya efectividad está por ver», lamenta Fedea en su análisis. «Sorprende especialmente la renuncia a utilizar instrumentos como peajes, impuestos, tasas y subvenciones» para crear un sistema que refleje correctamente los beneficios y costes sociales y «ayude a dirigir a los usuarios hacia los modos de transporte socialmente más eficientes». Por ello, critican que se haya descartado el sistema de pago por uso en las carreteras y la posibilidad de establecer peajes de acceso a los centros urbanos para luchar contra la congestión y la contaminación.

En España se han llevado a cabo políticas en materia de transportes pensando en cuestiones políticas, criticaron desde Fedea. Así, la red ferroviaria de alta velocidad es «un servicio fantástico cuando lo usas», pero inciden en que el coste de la infraestructura es tan alto que es imposible cubrirlo con el volumen de pasajeros que tiene el tren en España. Además, que el sistema esté tan centralizado en Madrid fue «una decisión puramente política, no racional. Se quería que se pudiera ir a Madrid desde cualquier provincia, y estas decisiones deberían estar basadas en análisis económicos, no políticos», denunció De la Fuente.