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Ni unas Cortes paralizadas en sus iniciativas legislativas ni un Gobierno en funciones maniatado en buena parte de sus atribuciones. Ni siquiera una falta de proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2024, que deberían haber sido presentados antes del 30 de septiembre, como exige ... la Constitución, para que entren en vigor el próximo 1 de enero. Ninguna de estas circunstancias, todas asociadas a la última convocatoria de elecciones generales, a la falta de acuerdo para investir a un presidente e incluso a la posibilidad de la repetición electoral el 14 de enero, no asustan al Banco de España.
O, al menos, en el supervisor no conciben como un «riesgo» la parálisis política práctica en la que se encuentra España desde antes del verano, en un contexto de inactividad legislativa económica que podría llegar hasta finales de 2023.
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Durante la última presentación de las proyecciones macroeconómicas, los responsables del supervisor admitieron que su estudio no contempla el bloqueo político como un riesgo para la evolución económica durante los próximos meses. El motivo, según se explicó durante la presentación de las estimaciones, es que el indicador de riesgo político «se mantiene muy cerca de los mínimos históricos». «No está incorporado en el ejercicio de previsiones como un factor importante de riesgo porque los indicadores de incertidumbre que monitorizamos no muestran un repunte de la incertidumbre en este ejercicio en concreto, no lo consideramos un factor de riesgo», según insisten en el Banco de España. En cualquier caso, esta minimización del riesgo político no implica que no vaya a ser relevante como factor a tener en cuenta en el futuro.
Pero no siempre ha ocurrido así. Desde que a finales de 2015 Mariano Rajoy convocara elecciones generales se han sucedido varios episodios de bloqueo político e institucional, repetición electoral, falta de Presupuestos Generales y una parálisis política que no siempre era bien vista de cara al porvenir económico de España.
El propio supervisor ya advertía en el primer trimestre de 2016 –en pleno bloqueo tras la irrupción de Podemos y Ciudadanos, y con un PP sin la mayoría necesaria– de que los riesgos para la economía habían «empeorado apreciablemente en los últimos meses». Y entre esos riesgos el organismo destacaba la incertidumbre política, como previamente ya había hecho la Comisión Europea. La falta de Ejecutivo podía frenar el consumo y la inversión tanto pública como privada, según el organismo, que empeoraba sus previsiones sobre la economía española por primera vez en tres años.
«Las dudas acerca del curso futuro de las políticas económicas podrían incidir negativamente en las decisiones de gasto de los agentes privados, especialmente si la actual situación de incertidumbre política se prolongase en el tiempo», llegaba a señalar el organismo en su Boletín Económico. El Banco de España reconocía entonces que, «en la medida en que esta incertidumbre abarca ámbitos diferentes», como la política presupuestaria o la agenda de reformas, estimar su impacto macroeconómico resulta complejo. La parálisis fue tal que no fue hasta mediados de 2018 cuando el Gobierno de Rajoy pudo sacar adelante unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Unos días después, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, era investido presidente tras la moción de censura a los populares.
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