Quién paga la ronda de la deuda autonómica

La espinosa cuestión de la deuda autonómica, del reparto de las responsabilidades económicas y de la financiación de cada territorio ha vuelto a emerger tras el acuerdo de investidura entre PSOE Y ERC por el que el Estado se compromete a perdonar una parte de la deuda que Cataluña tiene con la Administración Central. La cuestión no es baladí, más allá de los 15.000 millones de euros que la Generalitat ya no tendrá que asumir de un endeudamiento superior a los 84.000 millones, el más alto de toda España. ¿Quién asume esa cuantía? ¿Cuánto se rebajará al resto de comunidades del régimen común (todas excepto País Vasco y Navarra)? ¿Qué harán los territorios que no tienen deuda estatal, como Madrid?

Vayamos de más a menos. De lo global a lo particular. España guarda en sus cajones ahora mismo una deuda superior a los 1,59 billones (con 'b') de euros. Es el máximo histórico. Aunque si se compara con el conjunto de la riqueza nacional (el Producto Interior Bruto -PIB-), representa un 111%, con una caída desde el récord del 125% de principios de 2021. Las ayudas económicas para afrontar la inflación derivada de la guerra de Ucrania, las medidas para combatir la crisis del coronavirus han dejado huella en los compromisos de España con sus acreedores -con quienes les prestan dinero, básicamente- en los cuatro últimos años: 220.000 millones más.

La deuda pública ha sido, es y previsiblemente será el talón de Aquiles de la economía española. Atrás quedaron los años en los que casi ninguna administración podía salir al mercado a pedir dinero prestado. Porque nadie apostaba por España. Fue entre 2011 y 2013, en plena crisis soberana. Y como nadie daba un duro en el extranjero, el Estado habilitó una fórmula para que las comunidades autónomas no quebraran: el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Una solución temporal para dar liquidez a las cuentas regionales que la necesitaran ante el cierre del grifo de bancos e inversiones mundiales.

Cataluña fue desde el primer momento la comunidad que más dinero demandó al Estado para financiarse con el FLA. Internamente, la Generalitat siempre ha alegado infrafinanciación. Es decir, que no cuenta con los recursos suficientes en función a su peso económico y aportación fiscal con respecto a lo que recibe. No es la única. A Madrid a Baleares o a la Comunidad Valenciana les ocurre lo mismo: reciben menos dinero del Estado del que aportan en función de los impuestos que pagan sus contribuyentes. Pero una cosa es infrafinanciación y otra es el descontrol presupuestario y de deuda.

Diez años después de la puesta en marcha del FLA, Cataluña ha sido la comunidad que más ha acudido al Estado para seguir financiando sus servicios. Básicamente porque casi sigue sin encontrar acreedores que le den préstamos y otros mecanismos de financiación, como ya ocurre en otros territorios. La bola de nieve se ha ido agrandando a tal ritmo que solo una quita parece ser la solución para atajar parcialmente este problema financiero. Representa un 20% del PIB español.

La única referencia que se ha puesto sobre la mesa son los 15.000 millones perdonados a Cataluña. Pero aún se desconoce cuánto dinero se condonará al resto de comunidades con deuda estatal. No será ese porcentaje del 20%. Irá en función -otra vez- de su «infrafinanciación». Es decir, unas saldrán mejor paradas que otras, lo que reactivará la tensión interterritorial.

La pregunta que subyace a esta solución salomónica es quién y cómo se pagará esta medida. Porque la deuda no se volatiliza. Ya sea de titularidad municipal, autonómica o estatal. Los compromisos de pago seguirán ahí para financiar ese billón y medio de euros que adeuda el Reino de España, independientemente de cómo se reparta el pastel. Lo acaba de confirmar la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en un foro de la APIE: «Hablamos de una transferencia entre administraciones con impacto contable, pero que no afecta a la posición de España en los mercados financieros». Es decir, vasos comunicantes entre autonomías y Estado.

Desde 2020, el Estado ha jugado un papel clave en términos de deuda. Mientras que la de las comunidades ha ido reduciéndose, la de la Administración Central no ha parado de crecer. Si el Gobierno decidiera aplicar una tabla rasa de un perdón global del 20% a todas las comunidades, tendría que tragar con otros casi 40.000 millones de euros para financiar en los mercados.

En buena medida, las comunidades han recibido más de 13.000 millones de euros entre 2020 y 2021 para hacer frente a los millonarios gastos derivados de la crisis del coronavirus. En esta ocasión sí han sido todos los territorios los que han percibido dinero. De hecho, solo entre Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y Valenciana han percibido más del 70% de esas cuantías.

No será esa cuantía. Resultará inferior porque no a todas las regiones se les perdonará lo mismo. Pero represente la cifra que represente, hay un aspecto claro: el conjunto de los españoles tendrá que asumir ese incremento de deuda. Independientemente de que residan en una comunidad que se financie o no a través del Estado. Incluso en País Vasco y Navarra, con autonomía financiera. ¿La razón? El Estado estará obligado a la cuenta de la vieja de siempre: subir impuestos (IVA, Impuestos Especiales y otras figuras son de ámbito estatal sin distinguir comunidades); reducir gasto público (miles de partidas del Presupuesto afectan a la totalidad de los españoles, como las infraestructuras); o, lo que es más probable, pagar más dinero por los intereses de la deuda que tiene España. Y ese importe se paga entre todos. Posiblemente incluso, entre quienes más rentas tienen. Precisamente los que viven en Madrid, País Vasco, Navarra… y Cataluña.

La medida aliviará en parte las finanzas de las comunidades autónomas. Aunque en unas en mucho mayor medida que en otras. Otra vez la tensión territorial. Cuando el Ejecutivo saque adelante la nueva ley de financiación autonómica será el momento de validar qué responsabilidades financieras se les exigen a las comunidades autónomas a cambio de este tipo de condonación de deudas.

Será algo similar a lo que les ocurre a miles de ciudadanos con sus hipotecas y la imposibilidad de acceder a su pago tras la escalada de tipos de los últimos años. ¿Usted quiere una quita, una refinanciación o una rebaja de cuota?», preguntan los bancos. «Pues lo puede hacer pero bajo determinadas condiciones», le exigen. En el caso de la financiación territorial está por ver qué compromisos de rigor presupuestario van a adquirir las comunidades a partir de ahora.

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