Sánchez se enfrenta ahora a la presión de sus socios de Gobierno para dejar caer a Borrell

El primero en abrir el fuego fue Pablo Iglesias. Apenas unos minutos después de que se conociera el castigo del organismo regulador al jefe de la diplomacia española, el secretario general de Podemos escribió en su cuenta de Twitter que el Gobierno «no se puede permitir» tener en sus filas a un ministro en esas condiciones. «Respeto a Borrel por su inteligencia y su altura política y creo que dimitirá sin necesidad de que se lo exijamos –dijo en una clara invitación al cese–. Hoy tiene la oportunidad de dar ejemplo».

A Iglesias le siguió el líder del PP, Pablo Casado. No se contentó con exigir la salida del Gobierno del socialista catalán sino que se refirió también a la ministra de Economía, Nadia Calviño, que, según ABC, compró en 2000 una vivienda a través de una sociedad instrumental (práctica legal aunque criticada por Sánchez en la oposición); a la de Educación, Isabel Celaá, que se apuntó un patriomonio inferior al real en su declaración de bienes, o al de Ciencia, Pedro Duque, que acaba de regularizar su sociedad patrimonial ante Hacienda antes de recibir una notificación de inicio de actuaciones en su contra.

Al contrario que el PP, Ciudadanos, de momento, se limita a exigir la comparecencia de Borrell en el Congreso. Sin embargo, los otros socios del Ejecutivo, los independentistas no creen que sea necesario ser tan cauto. Borrell es su bestia negra, como se pudo ver el viernes pasado durante la sesión de control en la que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, acabó expulsando al diputado de Esquerra, Gabriel Rufián. Por eso, cabía esperar tanto la reacción de este partido como de la propia Generalitat, que en los últimos meses ha visto cómo el ministro recurría por la vía de lo contencioso-administrativo sus «embajadas».

La inquina que despierta el titular de Exteriores en ese sector y la naturaleza de la infracción, que puede situarse en el marco de la economía especulativa, hacen difícil pensar que los secesionistas y Podemos vayan a soltar fácilmente la presa, pero Sánchez tampoco está dispuesto a dar su brazo a torcer. Fuentes de Moncloa afirmaron hoy que Borrel cuenta con su apoyo. «Absolutamente», subrayaron. Tanto la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, como el de Fomento, José Luis Ábalos y la vicepresidenta, Carmen Calvo –es decir, los miembros del Ejecutivo con perfil político – salieron, además, en su defensa.

La principal línea argumental de Borrell, y del Gobierno en su conjunto, se apoya en el hecho de que rechazara pagar la sanción hace ya un año, cuando le fue comunicada por primera vez, a pesar de que hacerlo habría conllevado una sustanciosa reducción. «No lo hizo –aducen en su entorno– porque tenia intención de recurrir; no utilizó información reservada sino pública». El pasado 17 de octubre, Borrel se ratificó en su inocencia pero anunció en el Congreso que se resignaría a pagar porque es el Ministerio de Economía el que resuelve los recursos de alzada en estos casos y podía apreciarse un «conflicto de intereses».

El ministro siempre ha dejado claro, además, que él perdió mucho dinero con la quiebra de Abengoa en 2015 y que no fueron sus propias acciones las que vendió antes de que entrara en preconcurso de acreedores sino las de su exmujer en una operación de poco más de 9.000 euros.