El Gobierno endurece el tono con los transportistas: «No son piquetes, son activistas»

En uno de esos mails a los que ha tenido acceso este periódico, remitido a las 13:43 horas del jueves, un teniente jefe de una provincia española ordena a todos sus subordinados, «siguiendo directrices de la superioridad», que de inmediato se cambie la «terminología» que se está usando en la «remisión de novedades». «A partir del recibo del presente correo, en la relación de archivos estadísticos en relación al paro de medios de transportes terrestres que se inicio el pasado 14 del presente mes, no se utilizará el término 'huelga', siendo sustituido por el de 'paro', así como tampoco se utilizará el término 'piquete', usando en su lugar el de 'activista'».

Las comunicaciones a los efectivos del instituto armado para mostrarse mucho más contundentes con los huelguistas e instar a que se informe de cualquier incidente también se están sucediendo a través de chats y mensajería, según denunció este sábado JUClL, la mayor asociación profesional del cuerpo.

«Si hay detenidos/investigados/heridos informar inmediatamente. Si hay más de 20 personas informar que se considera reunión ilegal y se denunciará a la ley 4/2015 (sic) (ley mordaza). Cualquier corte de circulación debe ser solucionado de forma inmediata», apuntan los mensajes que se están rebotando en las últimas horas desde los puestos de mando. En esas comunicaciones a los guardias civiles desplegados, los mandos avisan de que el próximo lunes puede ser «crucial» y que los agentes deben informar «si se sabe si los activistas van a Madrid a manifestarse».

En la mensajería, en la que los responsables del dispositivo piden a los agentes que sean «proactivos» y que «transmitan tranquilidad», también revelan que se van a «remitir» lo que califican de «matrículas sospechosas» y piden a los funcionarios que están en las carreteras que estén especialmente pendientes con las «áreas de descanso donde pueda haber camiones» ante la «posible presencia de activistas».

El máximo responsable de JUCIL, Ernesto Vilariño, insistió este sábado en la «extraordinaria preocupación» desatada en el cuerpo por el hecho de que «Interior exija a la Guardia Civil más contundencia para restringir los derechos de huelguitas del transporte». «Nos preocupan, y mucho, las ordenes que están recibiendo nuestros compañeros de cambiar en los informes y novedades de la huelga, el término piquetes por activistas y la referencia huelga por paro» apuntó por su parte el secretario de Comunicación de JUCIL, Agustín Leal.

Ante una situación que día a día se recrudece más, el Gobierno ha decidido poner al frente de las negociaciones a la vicepresidenta Nadia Calviño, que el lunes se reunirá con representantes del sector del transporte. Abordará la situación a partir de las 10 de la mañana con el departamento de mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC). A la vicepresidenta la acompañarán la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la de Transportes, Raquel Sánchez.

Ya son varias las industrias que han parado su producción o que amenazan con hacerlo en los próximos días si la situación no se solventa. Por ello, urgen al Gobierno a que garantice la libre circulación de mercancías para que lleguen a los supermercados, donde ya empiezan a notarse los primeros efectos de esta huelga. Sobre todo en el caso de los productos frescos como frutas, hortalizas y pescados y mariscos, pero también de leche y yogures tras el paro de la industria láctea desde hace cuatro días.

Pero el Ejecutivo sigue negándose a reunirse con los huelguistas, a los que la ministra de Transportes ha calificado de «ultras» y «violentos». Por su parte, la Plataforma por la Defensa del Transporte asegura estar desligada de cualquier tendencia política y mantienen que no desconvocarán el paro hasta que sean recibidos por el ministerio.

Y para poner el broche a esta situación de presión, este domingo se manifestarán en las calles de Madrid alrededor de 200.000 personas -según cálculos de los convocantes- relacionadas con el mundo rural para exigir un plan de choque contra los altos precios que ahogan las explotaciones ganaderas y por la «dignidad» de los que viven del campo.