Ocho provincias españolas optan a las ayudas del Fondo de Transición Justa de UE

Este Fondo forma parte del Nuevo Pacto Verde impulsado por el nuevo Ejecutivo comunitario y tiene por objetivo compensar a aquellas zonas de la Unión que tendrán más dificultades para conseguir los objetivos europeos de reducción de emisiones de dióxido de carbono y que verán peligrar un mayor número de industrias o empleos como consecuencia de esta transición. A la hora de decidir qué territorios podrán beneficiarse de las ayudas, la Comisión ha tenido en cuenta sobre todo la presencia de minería o producción de combustibles fósiles, así como de industrias con altas emisiones de carbono.

En su análisis sobre España, el Ejecutivo comunitario recuerda que desde 2008 se han perdido 8.000 empleos en el sector de la minería de carbón sobre todo en Asturias, Teruel, León y Palencia. Al mismo tiempo, a final de 2018, seguían operando en España 14 centrales eléctricas que utilizaban carbón, repartidas entre Asturias (4), León y Palencia (4), A Coruña (2), y Cádiz, Almería, Córdoba y Teruel, con una cada una, que serán cerradas. Estas dan empleo directo a 3.300 personas, mientras que de forma indirecta otros 10.000 puestos de trabajo se verían afectados por el cierre.

La Comisión señala que, si bien el Gobierno ha preparado un plan de transición justa y adoptado medidas urgentes de mitigación, se necesitan más acciones en estas áreas, dónde las consecuencias negativas se ven «amplificadas» por la despoblación y las limitadas actividades económicas.

En este sentido, Bruselas cree que la inversión del Fondo de Transición Justa debería centrarse en la creación de nuevas empresas, el despliegue de tecnologías e infraestructuras de energía limpia, renovables y eficiencia energética, así como en investigación e innovación.

Recomienda también invertir en pymes y en la descontaminación de del entorno, mientras que para paliar los efectos sobre el empleo aconseja destinar fondos a la recualificación de los trabajadores y a proporcionar apoyo para la búsqueda de trabajo y la inclusión de los parados.

Ahora los Estados miembros deben dar su visto bueno a la propuesta de la Comisión Europea sobre qué territorios son elegibles para recibir apoyo del Fondo y, después, presentar planes territoriales de transición justa a Bruselas, que deberá dar su visto bueno antes de conceder la financiación. Los 7.500 millones que recibirá el Fondo del presupuesto comunitario deberán complementarse con aportaciones de los Estados.

Con este sistema, Bruselas espera que se movilicen también inversiones privadas. Así, en el caso de España, los 307,4 millones de euros que le corresponderían se elevarían a 1.397 millones con la aportación nacional, y hasta los 4.445 millones con la incorporación de inversión adicional. En total, el Fondo de Transición aspira a movilizar 104.000 millones de euros en inversiones.