El Gobierno elimina el IVA de los alimentos básicos y dará 200 euros a las rentas bajas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue el encargado de presentar ayer estas nuevas ayudas que para la oposición «llegan tarde y se quedan cortas». Durante su tradicional balance del año, Sánchez defendió que, pese a las críticas, las medidas adoptadas por el Ejecutivo han permitido «doblegar la inflación como ningún otro país europeo: cuatro puntos en tan solo cuatro meses», hasta el 6,8% en noviembre.

Una de las grandes preocupaciones de los hogares en los últimos meses ha sido observar cómo el incremento de los precios energéticos se ha traslado al de los alimentos, con bruscas subidas que superan ya el 15% y que duplican con creces las de la inflación general, con alimentos disparados en el último año como el azúcar (+50,2%), el aceite (+31,5%), la leche (+31%)o los huevos (+27%).

El Ejecutivo ha decidido atacar esta situación con una rebaja del IVA que ha sido más descafeinada de lo esperado por los consumidores. En concreto, de enero a junio se eliminará este impuesto de los alimentos de primera necesidad gravados al 4%. Entre ellos, el pan, harinas, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, patatas y cereales. Y se reduce del 10% al 5% el del aceite y la pasta.

Otros productos gravados al 10% como el pescado o la carne no entran en el plan. Además, esta rebaja de impuestos que según el Ejecutivo supondrá un ahorro de 661 millones de euros para las familias quedará automáticamente eliminada si la inflación subyacente –que excluye alimentos no elaborados y productos energéticos– baja del 5,5%. Actualmente se mueve en el 6,3%.

El decreto también recoge la demanda de Unidas Podemos de establecer un cheque de ayudas. Finalmente, será de 200 euros para los 4,2 millones de familias que el Gobierno estima que ingresan menos de 27.000 euros y cuentan con un patrimonio inferior a los 75.000 euros.

La cifra se queda por debajo de las aspiraciones iniciales de la formación morada, que en las últimas semanas había presionado por que la ayuda fuese de 300 euros y que aplicase a las rentas medias (por debajo de los 42.000 euros anuales).

Ha sido uno de los grandes caballos de batalla durante unas negociaciones «durísimas». Y también la que mayores tensiones ha generado entre los socios de gobierno. Con la futura Ley de Vivienda completamente estancada, el Ejecutivo renovará hasta el 31 de diciembre de 2023 el límite del 2% a la subida de los precios de los alquileres en la actualización anual, cuando los contratos están ligados al IPC.

Del mismo modo, el decreto habilita una prórroga extraordinaria de seis meses para los alquileres que finalicen antes del 30 de junio de 2023, para evitar que los caseros disparen el precio en sus nuevos contratos.

El texto indica que durante ese periodo «se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor». Pero eso no significa que se congele el alquiler; solo que esa actualización para los nuevos contratos estará topada, igual que las anuales, al 2%.

En materia de vivienda, el Gobierno también amplía hasta el 30 de junio varias medidas impulsadas en los últimos reales decretos-leyes dentro del denominado «escudo social», como la prohibición de los desahucios o de los lanzamientos de viviendas de familias vulnerables.

Nueve meses después de su puesta en marcha, el Gobierno ha decidido poner fin a la bonificación universal de 20 céntimos por litro de combustible, una de las medidas más costosas para las arcas públicas en los últimos meses. La ayuda dejará de ser para todos los particulares que, a cambio, mantendrán las ayudas al transporte público. En concreto, el Gobierno ha aprobado prorrogar las subvenciones del 30% al metro y al autobús, aunque solo para aquellas comunidades autónomas que contribuyan de forma adicional hasta alcanzar al menos el 50% de descuento.

Ante la decisión del ejecutio, también se han producido ya movimientos por parte de petroleras como Repsol, que el mismo martes anunciaba que mantendrán su descuento de 10 céntimos por litro de carburante para todos sus clientes.

Dejando fuera a los particulares, la ayuda estatal se limitará a los sectores más afectados por la crisis, como transportistas, agricultores, navieras y pescadores.

Según detallan desde el Ministerio de Transportes, la bonificación para los transportistas se articulará en dos fases: la primera contempla un descuento de 20 céntimos por litro consumido entre el 1 de enero y el 31 de marzo, y la segunda de 10 céntimos entre el 1 de abril y el 30 de junio. Esa ayuda se abonará al final de cada mes. En el caso de los agricultores, se hará mediante la devolución del impuesto especial de hidrocarburos.

Los agricultores contarán además con una ayuda directa de 300 millones para compensar el encarecimiento de los fertilizantes. Sánchez también anunció 450 millones para la cerámica y 120 millones para los pescadores.

El nuevo plan contempla la prórroga durante seis meses de otras medidas como la extensión del bono social, el incremento del 15% del ingreso mínimo vital y de las pensiones no contributivas, así como las rebajas fiscales en la factura energética por las que, entre otras, se ha reducido el IVA en el recibo del 21%al 5% actual. También se prorroga la gratuidad de los billetes de Cercanías y Media Distancia para viajeros frecuente.

El Gobierno estima que, en total, el coste presupuestario de las medidas diseñadas para aliviar el choque de la guerra sobre la economía de los españoles, asciende a 45.000 millones de euros. Una cifra que ha hecho saltar algunas alarmas sobre su impacto en las cuentas públicas, en un momento en el que la reducción del déficit y de la deuda pública sigue siendo uno de los principales compromisos con Bruselas dentro del Plan de Recuperación que da acceso a los fondos europeos.

El Ejecutivo lleva meses defendiendo su capacidad para llevar a cabo una política expansiva del gasto sin estropear la senda de consolidación. Y, de momento, parece que lo está consiguiendo, apoyándose en un incremento histórico de los ingresos que en buena parte viene explicado por el efecto de la inflación sobre determinadas figuras tributarias como el IVA o el IRPF, que también reflejan la fuerte resistencia del empleo a la desaceleración económica.

Según los últimos datos públicos del Ministerio de Hacienda, el déficit del Estado se situó en el 2% del PIB en noviembre, frente al 5,83% un años antes. Se trata de un agujero de 26.500 millones, muy inferior a los casi 70.300 registrado 12 meses antes. Los ingresos se incrementaron hasta los 237.298 millones, en el que los impuestos suponen más del 80% del total.