La nueva prestación acerca el Estado de Bienestar español a los europeos

Pero, al tiempo, el estudio también establecía que la principal característica de los sistemas de rentas mínimas es su gran heterogeneidad. No hay un solo modelo europeo. El Gobierno español se ha podido inspirar en muchas recetas de un gran menú.

Para empezar la propia génesis de los sistemas de garantías de rentas ha sido muy diferente en los países europeos. Así, en algunos países, como en los nórdicos, los centroeuropeos o el Reino Unido estos programas nacieron con el desarrollo de sus propios estados de bienestar. En otros lugares, los programas surgieron para paliar un deterioro social sobrevenido por el aumento del desempleo y de la demanda de seguridad en la crisis de los setenta, como en Bélgica o Irlanda.

El nacimiento del sistema de francés, a finales de los años ochenta, con el doble derecho a una renta y a la inserción, inspiró los programas del sur de Europa, aunque en varios de estos países –por ejemplo, en España– ese modelo se desarrolló en niveles de gobierno 'subcentral'. Uno de los modelos pioneros en el país es el vasco, que se gestó a finales de los ochenta.

Pero el caso español, con el programa completamente descentralizado y sin coordinación ni financiación desde el Gobierno central, era excepcional en el panorama europeo. En la mayor parte de países descentralizados existen sistemas de coordinación y de cofinanciación en el que están presentes tanto el Gobierno central como los territoriales correspondientes. En esta nueva órbita entra ahora, por tanto, España. Y no sólo por esta razón. En muchos otros aspectos el IMV es homologable a los europeos.

En cuanto a la condicionalidad para acceder a estas prestaciones, de acuerdo con el informe de AIReF, «en la práctica totalidad de los países europeos los sistemas son relativamente universales una vez que se demuestra la condición de disponer de un nivel de ingresos inferior al fijado en los respectivos baremos». Todos los países posibilitan el acceso a la prestación a los mayores de 18 años, aunque algunos exigen la condición de emancipación y en otros la obligación de atender a cargas familiares. Y si bien la nacionalidad no es un requisito excluyente, hay algunos países más estrictos en cuanto al tiempo de residencia legal necesario:en Austria y Portugal ese tiempo es inferior a un año, pero en otros países puede el periodo exigido puede llegar a los diez años.

También hay otra cuestión en común en todos los sistemas de rentas mínimas de Europa: exigen la disponibilidad explícita para la búsqueda de empleo, con excepciones tales como atender actividades formativas, ser los únicos cuidadores de familiares o tener problemas de salud. También se exige la búsqueda activa de un trabajo y que las personas beneficiarias estén registradas en las oficinas públicas de empleo, aunque con criterios menos restrictivos que en el caso de las prestaciones de paro. Aunque existen diferencias por países en el grado de exigencia y en cómo el grado de participación en medidas activas de empleo supone o no perder el derecho a la prestación. En todo caso, los requisitos suelen ser compatibles con la consideración de que estas prestaciones se cobran durante periodos largos, mientras se mantenga la situación de insuficiencia de ingresos, lo que se somete a revisiones periódicas, anuales o trimestrales.

Además, los sistemas de rentas mínimas en Europa utiliza un mecanismo subliminal para incentivar el empleo: su baja cuantía, sobre todo en comparación con los respectivos salarios mínimos de cada país. «La distancia entre el salario mínimo y la cuantía de la renta mínima es amplia en todos los países. Parece pesar más el objetivo de preservar los incentivos laborales ampliando la brecha entre la cuantía y la remuneración más baja que el de ofrecer una protección suficiente», afirma el documento de la AIReF. Si bien en Luxemburgo, la renta mínima supone el 70% del salario mínimo, en el Reino Unido la cuantía de la prestación es apenas una cuarta parte del salario mínimo.

En más de la mitad de los países de la UE, la protección a las familias con menores de edad es más completa que la que reciben los hogares unipersonales.