La nueva factura de la luz sigue dejando atrás a los hogares vulnerables

A día de hoy, el precio de la energía registra valores máximos, el teletrabajo es una realidad que ha transformado el espacio doméstico y las diversas crisis económicas, sanitarias y medioambientales acostumbran a abrir los titulares cada día. En este escenario, la nueva factura eléctrica se implanta con varios años de retraso. Y, además, el consumidor se perfila como gran variable del precio final del recibo.

Este cambio se produce con casi un 25 % de hogares españoles en riesgo de pobreza energética. Además, estudios recientes como el proyecto FEMENMAD ponen de manifiesto una brecha de género asociada a esta problemática. En este contexto, cabe preguntarse si se han tenido en cuenta a los hogares vulnerables a la hora de diseñar la nueva factura o qué implicaciones puede conllevar desde una perspectiva de género.

La nueva factura eléctrica introduce una serie de cambios en su composición. Por un lado, desagrega los peajes anteriores y pasa a tener información concreta de la cantidad destinada a «peajes» y a «cargos». Por otro, unifica todas las tarifas domésticas (de menos de 15 kWh) en una sola para la que establece tres tramos horarios (punta, llano y valle) a lo largo del día.

Los nuevos precios de la electricidad serán sustancialmente diferentes en función del tramo. Por ejemplo, si tomamos de referencia los costes del año 2020, podemos estimar que en el tramo más caro (punta) el coste se elevará a más de 0,20 € el kWh. El tramo valle sería el más barato (unos 0,07 €/kWh) y el llano tendría un coste intermedio (0,11 €/kWh).

El tramo de menor coste, «valle», tendrá lugar entre las doce de la noche y las ocho de la mañana así como durante todo el fin de semana y los festivos. Por su parte, el tramo de mayor coste, «punta», estará activo de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche. Finalmente el tramo «llano» ocupará las franjas restantes.

Como novedad, la nueva factura eléctrica también incorpora la posibilidad de tener dos potencias diferentes contratadas: una para el tramo valle (de menor coste) y otra para los tramos llano y punta. Para que los usuarios adapten las nuevas potencias a sus necesidades energéticas, se permitirán hasta dos cambios de potencia gratuitos antes del 31 de mayo de 2022.

Una potencia ajustada reduce el coste de la factura y es una buena estrategia de ahorro. Por ello, la existencia de dos modificaciones gratuitas permite a los hogares identificar su potencia ideal sin miedo a costes extra. De hecho, sería deseable que estas modificaciones fueran automáticas de manera permanente, como ocurre en el caso del gas natural, sobre todo en casos de vulnerabilidad. Las asociaciones y colectivos dedicados al asesoramiento energético llevan años solicitando esta medida.

Muchos hogares españoles tenían hasta ahora una tarifa sin discriminación horaria (la denominada 2.0 A), que normalmente supone un coste mayor de la factura. Para estos hogares es previsible que pueda haber una reducción en el coste final de su recibo.

Por el contrario, aquellos hogares que sí tuvieran discriminación horaria (la tarifa denominada 2.0 DHA), podrían ver incrementada su factura. Según los análisis recientes de la CNMC, solo 1 de cada 5 hogares tenía esta tarifa.

En el proyecto EPIU Getafe – Hogares saludables, a través del análisis de los datos de la comercializadora Naturgy, se ha identificado que solo un 15 % de los hogares con bono social (a priori, los más vulnerables) tenían, además, contratada discriminación horaria.

Si una cosa refleja claramente la nueva factura de la luz es que los horarios del consumidor van a tener un gran protagonismo en el precio final de su recibo. Aunque el precio de la parte fija de la factura va a disminuir, los nuevos tramos horarios pueden condicionar y penalizar al consumidor. El cambio de tarifa incluye también a aquellos hogares beneficiarios del bono social.

Los hogares acogidos al bono social triplicaron su número y pasaron de 449 267 a 1 311 662 entre los meses de abril de 2018 y de 2020 (en plena pandemia), según datos facilitados por el Ministerio de Transición Ecológica.

Durante 2021, 133 000 hogares (lo que supone aproximadamente un 10 % del total) perdieron su derecho al bono social por no renovarlo, fruto de la desinformación y la falta de accesibilidad a las gestiones administrativas.

Los costes de la electricidad dependerán de a qué hora se usa la energía. Para evitar un mayor gasto, el usuario tendrá que adaptar sus hábitos de consumo. Por ejemplo, aquellos electrodomésticos que supongan mayor gasto (hornos, lavadoras, vitrocerámicas, radiadores eléctricos, etc.) deberían usarse durante la noche o el fin de semana.

Entre los hogares vulnerables, este cambio de tarifa puede contribuir a incrementar la brecha de género ya existente. En el marco del proyecto FEMENMAD, realizamos entrevistas a diferentes hogares en situación de pobreza energética. En ellas se detectó que por no poder afrontar el pago de los suministros energéticos, las familias realizan ajustes en sus hábitos de consumo.

Por ejemplo, una gran parte de los hogares renuncian a los sistemas de calefacción existentes en la vivienda y recurren a equipos de apoyo como radiadores eléctricos para controlar mejor su consumo. Esto se hace, sobre todo, cuando no todos los miembros están en la vivienda y durante los tramos «punta».

Las mujeres suelen ser las personas que llevan a cabo las tareas de cuidados dentro del espacio doméstico. Por ello, al estar más horas en el hogar, están más expuestas a situaciones de más frío y calor. Esto trae consigo consecuencias negativas como impactos negativos en salud y aumento de la brecha de género en lo relativo a la pobreza y la habitabilidad

Con las nuevas tarifas horarias, a esta situación ya existente se suma la penalización por el incremento de precio de las franjas horarias de tramo punta, lo que puede llegar a agravar y generalizar aún más esta exposición a extremos térmicos.

Además, si tenemos en cuenta la dimensión emocional, esta adaptación supondría una mayor responsabilidad sobre las personas que llevan a cabo la organización del hogar. Esto puede aumentar los trastornos de ansiedad y preocupación a la hora de afrontar el pago de suministros.

El acceso a recursos como infografías, talleres o campañas de sensibilización es fundamental a la hora de asesorar al consumidor. También para facilitar la gestión de trámites como la solicitud y renovación del bono social o los cambios de potencia. Esto es más importante aún cuando los hábitos de consumo pueden condicionar el precio final de la factura. Disponer de una información accesible y que permita adaptar los hábitos de consumo puede evitar recibos con precios elevados.

Las nuevas tarifas concentran sus precios más caros en las franjas horarias que acumulan más tareas de cuidados. Probablemente, la invisibilización sistemática de las tareas de cuidados ha hecho que no se tengan en cuenta a la hora de diseñar la nueva factura. Esto penaliza las tareas necesarias para el sostenimiento de la vida.

Además, ignorar este factor expone a las personas que realizan dichas tareas a extremos térmicos porque no se aseguran unas condiciones mínimas de habitabilidad y salubridad. Por lo tanto, es esencial reconocer la existencia de estas tareas de cuidados e impedir que la organización del hogar se vea perjudicada con las nuevas políticas energéticas.

En definitiva, una nueva factura eléctrica que camina hacia un modelo de transición energética debería asegurar un consumo sostenible y garantizar el derecho a la energía de manera universal.

Este artículo, que también ha sido elaborado por Ana Sanz Fernández -Investigadora en el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, Universidad Politécnica de Madrid (UPM)-, Carmen Sánchez-Guevara -Profesora ayudante doctora en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid (UPM)- y Miguel Núñez Peiró -Investigador en el Departamento de Construcción y Tecnologías Arquitectónicas, Universidad Politécnica de Madrid (UPM), ha sido escrito en colaboración con Daniel Álvarez, responsable del Área de Proyectos de la Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan.

El análisis ha sido publicado por The Conversation.