Cómo y hasta qué nivel subir el IPREM

Hay muchas ayudas indexadas al IPREM, como subsidios de paro, becas, ayudas al alquiler, el bono eléctrico, el acceso a la vivienda protegida o a servicios jurídicos gratuitos. Cuanto más bajo sea el índice, menos personas tienen derecho a acceder a esos apoyos del Estado. Porque el derecho a las ayudas se calcula aplicando un multiplicador al IPREM: si la renta de un individuo está por debajo, accede a la ayuda; si está por encima, queda excluido.

El IPREM, que se creó en el año 2004 para, en la práctica, permitir subidas del salario mínimo sin que ello implicara un coste para el Estado en forma de prestaciones más amplias por elevar la cantidad de población con derecho a tales, lleva sin actualizarse prácticamente una década: se encuentra en los 537,84 euros mensuales desde 2017 y entre 2010 y 2016 estuvo situado en los 532,51 euros.

Con los últimos incrementos del salario mínimo, sobre todo el del año pasado, con el que creció desde los 735,90 hasta los 900 euros, y el de hace unos días, que lo dejó en los 950 euros, la brecha entre los dos indicadores se ha ampliado dramáticamente.

El acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos recoge el compromiso de subir el IPREM y el de establecer un mecanismo de actualización periódico, para que no vuelva a suceder que se quede congelado. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado que la propuesta de su incremento tendrá que ir a los Presupuestos Generales del Estado, por lo que hasta que no se aprueben, no podrá subir. Pero el Ministerio de Trabajo aclara que no va a ser él el encargado de llevar esta cuestión a las cuentas públicas y desliza que será cosa de Economía y Hacienda.

Y es que, a diferencia del salario mínimo, los costes del incremento del IPREM los asume el Estado con sus diversas administraciones en su totalidad, como recuerda Sanzo. A este índice están ligadas prestaciones asistenciales tanto de la Administración Central como de muchas comunidades autónomas.

Pero los sindicatos parecen querer que esta cuestión se aborde en el seno del diálogo social. Desde UGT, Gonzalo Pino, secretario de política sindical, confía en que así será y ve en la titular de Trabajo la voluntad de incrementar este indicador, «aunque no es cuestión sólo de la ministra». Pero recuerda que el pacto entre el PSOE y Unidas Podemos recoge negro sobre blanco el compromiso. Pino también estima que hay tiempo suficiente para llegar a un acuerdo en ese foro antes de que se diseñen y aprueben los Presupuestos, aunque el diálogo social aún no esté convocado.

Ni Comisiones Obreras ni UGT tienen una demanda concreta respecto al nivel en el que tendría que colocarse el IPREM, pero Pino sí señala que es necesarios que alcance un nivel «suficiente» y que tendría que «aproximarse» al salario mínimo interprofesional.

¿Qué dicen los expertos sobre el nivel que debería alcanzar el IPREM? Sanzo expone que hay un valor que tiene carácter de referencia en la dimensión política: el que fija el Comité Europeo de Derechos Sociales como umbral por debajo del cual no deberían situarse las prestaciones de la Seguridad Social o las rentas mínimas para personas solas. Así lo recoge la Carta Social Europea. Y se establece en el 50% del ingreso mediano equivalente del país. Según precisa Sanzo, este umbral se situaba en 2018 en los 7.392 euros anuales, 616 euros en doce pagas mensuales. «Ese nivel debería situarse como marco de 'razonabilidad' para un país que, como España, ha firmado la mencionada Carta», asegura Sanzo.

José Antonio Noguera, profesor titular de Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona, expone que su opción sería suprimir el IPREM y utilizar como referencia el umbral de la pobreza, que es «la variable adecuada» para «capturar» a quien lo necesita, es decir, a la población más vulnerable. En términos económicos, se dice que alguien está bajo el umbral de la pobreza si tiene unos ingresos inferiores al 60% de la renta mediana de la población que consideremos. De acuerdo con la última Encuesta de Condiciones de Vida, correspondiente al año 2018, para una persona sola, esta cifra sería de 8.871 euros anuales y de 739,25 euros al mes. Además, sería un indicador que variaría año a año, automáticamente, puesto que se mide todos los ejercicios. El umbral de la pobreza aumenta y disminuye cada ejercicio en la medida en que lo haga la mediana de los ingresos del conjunto de la población.

También Sanzo apunta esta forma de actualizar su propuesta, la del 50% del ingreso mediano: como el ingreso mediano varía cada año, también lo haría el IPREM ligado a este indicador, subiría o bajaría en la misma medida que lo hiciera la renta mediana de la población. Aunque Sanzo matiza que su aplicación se realizaría con un decalaje de al menos dos años.

En todo caso, Sanzo cree que, para establecer el mecanismo de incremento anual, éste tiene que respetar tres criterios: que su delimitación técnica esté aceptada, que esté disponible anualmente con rapidez y que mida la dinámica de la riqueza económica real de una sociedad. Por ello, admite que el más sencillo sería el IPC. Pero sugiere que una «vía razonable» sería combinar los dos sistemas: uno estructural, para fijar a largo plazo el marco de referencia, y otro coyuntural, para recoger las variaciones anuales de precio, como el IPC.

Las propuestas de Sanzo y de Noguera podrían implicar, en la práctica, acabar con el IPREM, para utilizar otros indicadores que ya existen y que se pueden calcular o se calculan todos los años. O, simplemente, podría establecerse una equivalencia entre el IPREM y el 50% o el 60% de la renta mediana de la población del año que corresponda.

Las cifras resultantes de aplicar uno u otro indicador son superiores a los niveles actuales del IPREM, pero siguen estando sustancialmente por debajo del salario mínimo. Pero es que los expertos consultados no son partidarios de que IPREM y SMI se coloquen en el mismo nivel.

El incremento del salario mínimo no tiene un efecto importante en las cuentas públicas o, de tenerlo, como afirma Noguera, éste puede ser hasta positivo, debido a que se incrementan las cotizaciones a la Seguridad Social y también se pueden elevar potencialmente los ingresos por IRPF e IVA. Pero el impacto neto del aumento del IPREM para el Estado es negativo en términos económicos, ya que la mayoría de las ayudas públicas no son gravables y, además, sus beneficiarios, en la mayor parte de los casos, están exentos de declarar.

Los costes en términos de financiación, añade Sanzo, son «altos» y «de ahí la reticencia a subirlo o la tendencia a la congelación». Pero es un coste que es necesario asumir, según señala Noguera porque, como apunta Sanzo, «los beneficios son los que se derivan del control de la pobreza, traducidos habitualmente en buenos resultados a largo plazo».

Sanzo anima a alcanzar un punto de equilibrio: buscar el máximo punto de aumento de la prestación en un contexto financieramente asumible, para prevenir vueltas atrás rápidas.