Casi dos millones de usuarios de luz, a punto de quedarse sin su bono social a finales de año

Este colectivo, que aún goza de la subvención estatal anterior, está formado por un grupo muy heterogéneo de hogares cuyo número ha ido descendiendo con el paso de los años, al no cumplir con los requisitos legales establecidos para el antiguo bono social. Llegaron a ser más de 3,1 millones de beneficiarios en el año 2010. Pero desde entonces, los perceptores han ido descendiendo hasta un nivel que posiblemente a día de hoy sea inferior a los 1,8 millones, la última cifra disponible relativa al mes de julio, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Quienes no lo soliciten a su compañía eléctrica antes de Fin de Año, dejarán de percibirlo en enero. En cualquier caso, podrán seguir pidiendo el nuevo bono en otro momento, aunque se dejarían por el camino el descuento que les corresponda a medida que transcurran los días, semanas o meses hasta que efectivamente lo hagan.

Este grupo de consumidores ya ha tenido dos ultimátum del anterior Gobierno y del actual para cambiarse de sistema ante la liquidación del que estaba en vigor. El primer plazo cumplía el pasado 8 de abril, seis meses después de que el anterior Ministerio de Energía aprobara el decreto sobre la renovación del bono social. En el primer trimestre del año apenas fueron 350.000 los usuarios que solicitaron esta ayuda, en buena medida como consecuencia del desconocimiento sobre la misma por falta de información. Por eso, el Ejecutivo amplió el plazo otro medio año, hasta el pasado 8 de octubre. En ese periodo se adhirieron unos 400.000 hogares más, una cifra todavía insuficiente, a juicio de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien entonces optó por autorizar una nueva prórroga hasta esta Nochevieja. A día de hoy, hay 1,1 millones de beneficiarios y se están gestionando otras 400.000 solicitudes para obtenerlo.

La decisión de prorrogar los plazos hasta final de año estaba enmarcada en un contexto de precios de la electricidad que rozaban los máximos anuales después de un verano muy seco –sin apenas aportación de hidroeléctricas y eólicas, las energías que más abaratan el precio diario de la luz–, un repunte de los precios de los derechos de emisión de dióxido de carbono y un alza de materias primas como el petróleo. Entonces, Ribera optó por suspender dos impuestos a la generación, así como ampliar el plazo para acogerse al nuevo bono social por parte de familias que, como las que lo disfrutaban hasta ahora, pudieran tener ese descuento, sí así procedía.

Porque en el Ministerio de Transición Ecológica admiten que no todos los beneficiarios que aún goza del antiguo bono social accederían al nuevo. Muchos hogares tienen rentas superiores a las establecidas ahora para acogerse a la ayuda de la luz. Se trata de titulares de contratos eléctricos que accedieron al anterior sistema por tener una potencia inferior a tres kilovatios, independientemente de sus ingresos.

El nuevo sistema establece un descuento del 25% sobre la parte del consumo de la factura para hogares con una renta máxima de 11.182 euros al año –familias sin hijos–, de 14.910 euros –un hijo– o 18.637 euros –­dos–­, además de las numerosas y pensionistas con prestaciones mínimas; o una rebaja del 40% para hogares en riesgo «severo», con ingresos de hasta 5.591 euros, 7.455 euros o 9.318 euros, dependiendo del número de descendientes, así como para familias en riesgo de exclusión social atendidas por los servicios de la comunidad o el ayuntamiento.

En cualquier caso, el Gobierno ya trabaja en una nueva vuelta de tuerca al actual sistema de ayudas para pagar la factura de la luz. Se trataría de ajustar este beneficio destinado a familias vulnerables con criterios aún más ligados a la situación económica por la que atraviesan los hogares. Además,­ sería conveniente clarificar –­apuntan fuentes del sector– todo el proceso de solicitud y aprobación para hacerlo más ágil y eficiente con respecto al actual.