El Gobierno acelerará su desembarco en Telefónica para evitar que se le dispare el coste

La SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, el organismo dependiente de Hacienda que aglutina el capital en empresas) acometerá la operación «en el menor tiempo posible», según apuntan fuentes del organismo. «La adquisición se realizará minimizando el impacto que pueda tener en la cotización de la compañía», aclaran. Está previsto que tras la orden del Consejo de Ministros del martes, se defina la operación y también su financiación.

El reloj corre en contra de los intereses del erario público. Cuando el Gobierno anunció sus intenciones, el coste de la operación rondaría los 2.000 millones de euros, calculados para una capitalización bursátiles de unos 20.000 millones. Con el alza de ayer, el recibo sube en 100 millones de euros más. En este proceso, la SEPI tiene que contratar, como es habitual, un asesor financiero y un intermediario.

Hacienda aclara que ese desembolso no afectará «ni al techo de gasto ni impacta en el déficit público», según fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero. Se trata de «operaciones financieras», aclaran. Cuando la SEPI culmine su trabajo se verá el resultado de la operación que, en cualquier caso, debería hacerse vía endeudamiento a través de créditos. «El Estado se acabará gastando más de 2.000 millones, pero tampoco muchísimo más, no se prevé que las acciones suban de golpe», señalan fuentes del sector. Para recuperar esa inversión vía dividendos, la SEPI tendrá que esperar al menos una década. La remuneración de Telefónica es de 0,3 euros por título. De mantenerse, el Estado ingresará unos 86 millones por ejercicio.

Para acometer la operación, «la SEPI planea realizar compras paulatinas y constantes en pequeños bloques de acciones», explica Sergio Ávila, analista de IG. «La clave está en averiguar cuales son las intenciones reales, si quieren entrar en el capital sin intervenir en la gestión, los inversores lo verán bien. Pero si la intención es intervenir en la gestión nombrando nuevos directivos, muy probablemente esto no sea bien visto», añade.

La compañía no ha logrado recuperarse del todo del golpe sufrido en agosto, con una racha bajista tras perder como su primer cliente en Alemania al operador 1&1, después de que esta empresa alcanzase un acuerdo con Vodafone. La entrada de los saudíes a principios de septiembre tampoco sirvió de revulsivo definitivo para Telefónica. Los días posteriores a la operación, sus acciones reconquistaron los 4 euros por acción. Pero después se fueron desinflando.

Ahora, la entrada del Estado puede ser una nueva oportunidad para su cotización. «Es previsible que la compra de un paquete de acciones tan elevado tenga un impacto significativo en el mercado, aunque habrá que vigilar qué efecto tiene la entrada de capital público tanto en el plan estratégico como en la posible reacción adversa de inversores privados», añaden los expertos financieros.

Un aspecto distinto es que el Estado intente aglutinar un mayor poder del que le dará ese paquete del 10% que comprará la SEPI. Lo hará previsiblemente conjugándose con la participación de BBVA y CaixaBank en la operadora. En total, tendrían más de un 18%. El objetivo es parar los pies a los saudíes, cuyo desembarco está aún pendiente de autorización definitiva por parte del Ministerio de Defensa por los contratos que tiene la compañía en este sector.

Aunque la razón que ha dado el Gobierno para entrar en el capital de la operadora es que es una «empresa estratégica», los expertos consultados indican que, por esa regla de tres, tendría que entrar en otras muchas compañías. «La tendencia clara es a la privatización y con esta operación se va al revés. Hay gobiernos de otros países que están en el capital de sus operadores, pero no se había visto nunca que un gobierno que ha salido de él, vuelva a entrar después, es un caso muy excepcional», aseguran.

Desde el mundo de las telecomunicaciones hay cierta sensación de que una operación así era inevitable. En algunas de estas compañías son varias las voces que apuntan a que la regulación se ha quedado muy atrás. Hay actores que están ofreciendo servicios idénticos en funcionalidad y son son regulados, como las OTT que dan servicios audiovisuales o pequeñas 'low cost' que ofrecen servicios de voz e internet. En el sector de las 'teleco' no se considera justo que sean los actores nacionales los que sufran una pérdida de rentabilidad mientras otros la ganan sin una regulación tan estricta.