Sebastián Albella afirma que «sería una pena» que el Gobierno acabara con las sicav

Albella, si por un lado mostró que puede ser positivo acabar de una vez con las incertidumbres que se ciernen sobre este segmento de la inversión, también reseñó los riesgos de que el nuevo Gobierno adopte medidas que lleven a poner en peligro la supervivencia de estas sociedades. Según sus palabras, se trata de unos vehículos muy importantes para el desarrollo de la banca privada, para el saber hacer del sector financiero doméstico y para los activos financieros españoles: aunque durante el año pasado su número se redujo en alrededor de cien sociedades, a 31 de diciembre, había 2.569 instrumentos de inversión de este tipo con un patrimonio conjunto de 30.000 millones de euros, asesorados por 2.500 empresas y auditadas por otros tantos auditores. «Esto va constituyendo un tejido», aseveró Albella, quien advirtió: «Si esta industria se deslocaliza, esos auditores comenzarán a ser luxemburgueses, y si estos instrumentos dejan de ser españoles, invertirán menos en activos españoles».

Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco, que participó en la misma jornada sobre regulación, consolidación y otras tendencias en la gestión de activos organizada por KPMG y CUNEF, añadió que la incertidumbre sobre las sicavs ha provocado a que hayan desaparecido 770 en los últimos tres años y medio. «Cualquier modificación negativa o el mantenimiento de la incertidumbre fiscal nos va a llevar, no a que desaparezcan las sicav en España, sino de las sicav españolas en España», afirmó Martínez-Aldama.

Albella, si bien mostró respeto porque la decisión respecto a las sicavs compete tanto al Gobierno como al Parlamento, aseguró que la CNMV estará pendiente del debate y contribuirá con él para que se trate a las sicavs «sin prejuicios ni leyendas». En este sentido, definió a estos instrumentos como vehículos de inversión transparentes y abiertos a cualquier inversor, técnicamente equivalentes a los fondos de inversión, que también disfrutan de una tributación diferida. Añadió que España y Portugal son los dos únicos países en los que se exige un número mínimo de partícipes en las sicavs, dado que a nivel europeo la condición de inversión colectiva se vincula más al carácter abierto del instrumento.

En este sentido, Martínez-Aldama reivindicó la eliminación de las «ñ» en los textos regulatorios: con esa metáfora se refirió a la búsqueda de una homologación de la normativa financiera española con el resto de Europa y animó a reconocer a las sicav como una figura regulada en Europa y en todos los países: «Todos los productos de ahorro pagan impuestos cuando el accionista vende sus participaciones. Hay un principio de neutralidad fiscal», defendió el presidente de la patronal de los fondos de inversión.

Respecto a otras cuestiones regulatorias, Albella insistió en la necesidad de que a los fondos de inversión y a las sicavs se les permita prestar valores. Recordó que en 2007 o 2008 se preparó un borrador ministerial para hacerlo posible, pero éste sigue sin estar aprobado. Se entiende que cuando se diseñó no saliera adelante, reconoció, debido al delicado momento en que se encontraban los mercados y que llevaron a que se prohibieran las posiciones cortas (apuestas bajistas sobre valores, práctica que requiere la toma de acciones en préstamo). Pero, ahora, argumentó, España es el único país en el que esta actividad está prohibida para la inversión colectiva y ello «no resiste un mínimo análisis», dado que, además, el porcentaje de acciones españolas cotizadas en manos de instituciones de inversión colectiva no llega al 4%, lo que implica que el resto de las acciones del mercado doméstico sí pueden ser prestadas. «Vamos a insistir en que tarde o temprano esta diferencia desaparezca, porque no tiene sentido», aseguró Albella, quien apuntó, además, que esta práctica contribuye a proporcionar un plus de rentabilidad a los fondos de inversión.

Albella también defendió la supervisión y la regulación de la inversión colectiva, ante las voces ligadas al mundo de la supervisión bancaria que advierten de que se trata de una actividad insuficientemente regulada y supervisada, de que hay diferencias entre la liquidez real de las carteras y la promesa de liquidez a corto plazo con la que son comercializados los productos, de que las gestoras de fondos de inversión tienen recursos propios insuficientes y de que éstas no tienen acceso a la liquidez del Banco Central Europeo. Albella expuso, ante estas críticas, que la actividad de la inversión colectiva «es muy distinta a la bancaria»: «Quien emite fondos, compra activos que varían de precio, por lo que su valor de reembolso puede no coincidir con el valor inicial. La industria bancaria desvincula el riesgo que se asume con sus créditos de los depositantes, pero la inversión colectiva implica la asunción de un riesgo directo», expuso. Lo que hay que hacer, añadió, es explicar bien esa diferencia.

El presidente de la CNMV argumentó que la regulación que pesa sobre los fondos de inversión es internacional porque está armonizada en Europa y que en España «somos alumnos aventajados» respecto a la supervisión y la regulación, debido a la información que requiere la CNMV sobre la composición de las carteras y que las gestoras suministran por cauces informatizados, lo que le permite a la institución tratarla con facilidad. «La supervisión de la CNMV es una que las gestoras sienten como viva e intensa», aseguró Albella, que proporcionó algunos ejemplos concretos sobre sus prácticas supervisoras: análisis regulares sobre rentabilidades atípicas, de la composición de las carteras y la liquidez de los instrumentos en los que invierten y respecto a los informes periódicos que proporcionan las gestoras de sus fondos de inversión haciendo uso de la inteligencia artificial y del 'machine learning'.