Las renovables sitúan a España a la cabeza de los arbitrajes internacionales

A principios de agosto España sufría su, por ahora, última derrota ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), la corte arbitral del Banco Mundial. La cantidad era relativamente reducida si se miran otros casos (41 millones de euros), a la que se añadirán las costas (357.000 euros) por un proceso con origen en 2015 tras una demanda de la firma hispanoalemana SolEsBadajoz.

Y es únicamente una piedra más en la ya abultada mochila del Estado por culpa del 'hachazo' que se dio a las ayudas del erario público a las energías verdes para ahorrar costes en plena crisis económico-financiera. Lo comenzó el exministro socialista de Industria Miguel Sebastián y lo continuó su sucesor con el PP José Manuel Soria. Según estimaciones de Greenpeace y otras ONG del sector, solo entre 2010 y 2013 superó los 1.150 millones de euros. De hecho, España se enfrenta aún a posibles indemnizaciones a abonar por un valor de hasta 8.000 millones.

Todo dependerá de la suerte que corran los 33 casos que todavía están pendientes de resolver en los órganos internacionales de arbitraje; además del CIADI –donde este año ha recibido cinco, la mayor cifra para un solo país–, están la Cámara de Comercio de Estocolmo y la Uncitral, la comisión de la ONU para el comercio internacional. España, no obstante, cuenta con el apoyo de la Comisión Europea –admitida como parte en algunos de ellos– para defender que esos conflictos deben resolverse en el Tribunal de Justicia de la UE como estableció la Corte de Luxemburgo en marzo de 2018 para los contenciosos bilaterales en la Unión.

Las arcas públicas suman más de 770 millones en indemnizaciones a abonar solo por reclamaciones ante el CIADI de inversores en energía eólica y fotovoltaica sobre todo, aunque también hay hidroeléctricas. Las ONG elevan esa factura a 1.100 millones si se suman las demandas ante otros organismos mundiales, si bien el Estado también ha logrado alguna victoria importante como el rechazo en primer término (resta la resolución final del caso) a los 441 millones que pide el fondo de inversión RREEF Infraestructure, filial del Deutsche Bank alemán.

El Gobierno busca hace meses cómo zanjar los arbitrajes, pero el Ministerio para la Transición Ecológica no ha logrado un acuerdo con los fondos de inversión internacionales. Desechada la opción de emitir bonos del Estado a interés fijo, como se llegó a plantear en el rescate de las autopistas de peaje en quiebra, se ha estudiado que las instalaciones de renovables afectadas prolonguen hasta 2032 su rentabilidad actual (7,4%), pero restando las indemnizaciones por los litigios que ganen.