Los inversores miran de reojo a España ante la convulsión política

Esta -la de la calma política y jurídica- es una de las variables que más valoran los inversores, tal y como explica Christophe Canler, profesor de la Universidad Carlemany. Aunque añade que «pesan tanto o más el tejido industrial y financiero, las infraestructuras, los datos macroeconómicos como inflación, déficit, políticas fiscales, costes laborales, de la energía o de las materias primas, la cohesión social y el talento y dinamismo de su población y de sus empresarios».

Una de las claves pasa por comparar el estado de la economía con las de otras jurisdicciones similares antes de tomar cualquier decisión. «Actualmente los datos y sus previsiones a medio plazo superan la media europea», apunta Carlemany. Por ahora, la Bolsa no se ha inmutado -se encuentra rozando máximos del ejercicio- y la prima de riesgo sigue a la baja a pasar de la convulsión parlamentaria de estos días.

Sin embargo, hay señales que no agradan demasiado a los inversores. Los grandes gestores de fondos han colocado a España a la cola de sus preferencias para adentrarse en esta economía en los próximos meses, según la encuesta realizada por Bank of America.

Una de las primeras consecuencias es «el retraso en la toma de decisiones», según apunta Jesús Reglero, profesor de OBS Business School y socio de RS Corporate. «No se van a ir todos los inversores de un día para otro», indica este experto. Pero la problemática política sí genera «un caldo de cultivo que no es bueno». Porque «se dan tres pasos para atrás tras haber dado antes un paso hacia adelante» como economía de confianza.

La primera prueba de fuego de cara al exterior serán los Presupuestos del Estado para 2024 y, en la medida que lo incluyan, una subida de impuestos. Miguel Cardoso, economista jefe para España en BBVA Research, explica que «una de las primeras cosas en las que se tienen que poner de acuerdo es en cómo reducir el déficit público». Y añade: «si se hace aumentando impuestos, tiene un coste para las empresas y también va a tener un coste político y el PSOE tendrá que convencer a partidos más cercanos a la sensibilidad empresarial».

En este sentido, Christophe Canler apunta que un alza impositiva «tendría que combinarse con otros factores como un aumento significativo de los costes laborales, leyes proteccionista, o algún tipo de advertencia de 'degradación democrática' por parte de la UE» al estilo de las de Hungría o Polonia.