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El Estado tendrá que guardar más de 11 de cada 100 euros presupuestados este año para el pago de la deuda pública, lo que supone destinar a este fin 31.572 millones de euros a través de las diferentes emisiones que realizará el Tesoro a ... lo largo de 2018, según lo previsto en el proyecto de cuentas públicas presentado esta mañana en el Congreso. Se trata de una cuantía que representa casi el doble de lo que España gastará en prestaciones por desempleo durante este ejercicio.
La cuantía -cuyo pago es prioritario, tal y como determina el artículo 135 de la Constitución desde su reforma de 2011- vuelve a reducirse por segundo año consecutivo. En esta ocasión, el recorte del presupuesto para el abono de los intereses que España paga a los inversores será de 657 millones de euros, frente a los más de 32.200 millones derivados para esta partida el año pasado. Desde que comenzara la crisis, el Estado ha pagado más de 280.000 millones en intereses de la deuda.
En total, el presupuesto pasará de destinar un 11,7% del dinero público a los intereses de la deuda a un 11,4%. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha felicitado por esta nueva reducción de la aportación para la deuda pública en lo que considera «un cumplimiento de las políticas presupuestarias ante los mercados, dispuestos a prestar más y a un menor coste al país». Para el secretario de Estado de Presupuestos, Álvaro Nadal, la mejora de los ‘rating’ conocidas en las últimas semanas -el pasado 23 de marzo S&P mejoró la nota de España a notable bajo- «se traduce en que el coste de la deuda es cada vez menor».
Esta realidad ha permitido al Gobierno reducir su previsión de deuda sobre el PIB al 97% frente al 98,3% estimada para 2017, aunque finalmente cerró el ejercicio en el 97,6%, reforzándose así la senda decreciente iniciada en 2014, cuando la ratio marcó el 100,4%.
El proyecto de ley presupuestaria prevé que la deuda pública en circulación se sitúe este año en los 215.327 millones de euros, con un endeudamiento neto que ascenderá a 40.000 millones. De hecho, el Estado ha incorporado en estas cuantías el préstamo que va a conceder a la Seguridad Social para sufragar determinadas partidas de las pensiones -como la paga extraordinaria de junio- por un importe de 15.164 millones de euros.
Se prevé que la cartera de deuda en circulación descienda ligeramente, en un conjunto ene l que las Letras representará un 7,3% del total, frente a los Bonos y Obligaciones, que suponen un 88,7%. Además, la vida media de la cartera de deuda será de entre 7,4 y 7,5 años de vencimiento.
España será un perceptor neto de ayudas de la Unión Europea (UE) durante 2018, una condición que había abandonado en los dos últimos años. El importe que recibirá al final del ejercicio será de 294 millones favorable a las arcas públicas, después de un año en el que el presupuesto estatal abonará 13.384 millones a la UE, aunque al mismo tiempo recibirá de Bruselas 13.678 millones, según el proyecto de ley presentado hoy en el Congreso.
El resultado final de estas transferencias cambia de año en año, y previsiblemente será sustancialmente inferior en los próximos ejercicios, cuando se materialice la salida de Reino Unido de la Unión Europea, prevista para 2019. El año pasado, España fue un apostador neto, con un saldo negativo para las arcas públicas de más de 3.000 millones, al igual que le ocurrió en 2016, con -523 millones de euros. Desde 2015, el Estado no había recibido de la UE más dinero del que aportaba, entonces con un saldo neto favorable de casi 2.500 millones.
Esta nueva situación se debe a una mejore en el incremento de 5.602 millones previsto en las transferencias a recibir desde Bruselas superior al aumento esperado de las aportaciones. En concreto, España recibirá casi 5.000 millones de euros de los Fondos Estructurales (FEDER y FSE) y otros 173 millones para el Fondo de Cohesión. Además, el conjunto de ayudas agrícolas y pesqueras ascenderá a 6.856 millones de euros, casi 700 millones más que el año pasado.
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