El Gobierno rebaja el abono transporte y dará 200 euros a familias vulnerables

Seis meses más y nuevas medidas para tratar de inyectar un balón de oxígeno en unas economías familiares que comienzan a verse seriamente impactadas por esta escalada sin fin de la inflación, que ya no puede considerarse coyuntural y que parece durará por lo menos hasta final de año. Para proteger a hogares, industria y empresas de este alza de los precios, el Ejecutivo, además de mantener medidas como el descuento de 20 céntimos por litro de combustible, el tope al alquiler o la prohibición de hacer despidos objetivos, incorpora nuevas medidas como un cheque de 200 euros para familias vulnerables, una ayuda a los abonos de transporte público, una nueva rebaja del IVA de la luz del 10% al 5% o el límite al precio máximo de la bombona de butano, entre otras.

Esta extensión del decreto tendrá un coste presupuestario superior a los 9.000 millones de euros. El presidente detalló que de ellos, 5.500 millones son propiamente de gasto para aplicar las medidas que protegen a las familias, clase trabajadora y sectores más afectados, y otros 3.600 millones de reducción de ingresos por rebajas fiscales.

Junto con el primer decreto, el gasto total para el Estado habrá sido en 2022 de cerca de 15.000 millones de euros, más de un 1% del PIB de España. Todo ello para contener la subida de los precios en torno a 3,5 puntos, detalló Sánchez durante su comparecencia.

Las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros son las siguientes:

Una de las medidas que estaban en el aire era la rebaja del transporte público. Finalemente se ha aprobado en Consejo de Ministros una reducción del 50% del precio de todos los abonos mensuales con titularidad estatal (como Renfe), además del 30% de reducción de los abonos que dependen de las comunidades autónomas y los ayuntamientos (autobuses y metro), que además podrán ampliar con recursos propios hasta el 50%. La medida se aplicará del 1 de septiembre al 31 de diciembre.

Sánche puso de ejemplo que el bono mensual de Cercanías pasará de costar 29 euros al mes a 14,5 euros.

El Gobierno también ha aprobado una ayuda directa de 200 euros -100 euros menos de lo que proponía Unidas Podemos- para trabajadores con bajos ingresos, una ayuda que se va a poder solicitar durante el mes de julio.

Aunque el presidente no ha querido concretar a quién irá destinada esa ayuda directa e invitó a esperar a que se publiquen los detalles en el BOE, la vicepresidenta Yolanda Díaz explicó en su cuenta de Twitter que será un cheque para familias con ingresos inferiores a 14.000 euros al año -es decir, los hogares que cobren menos que el salario mínimo interprofesional- «que ayudará a paliar su situación» dada la elevada inflación. Díaz no lo limitó a desempleados ni trabajadores autónomos, como sí hizo Sánchez.

Otra medida y anunciada por Sánchez el pasado miércoles en el Congreso es una nueva rebaja del IVA de la electricidad, del actual 10% al 5%, lo que supondrá un recorte de unos cinco euros en una factura media de 100 euros. El Ejecutivo estima que este recorte les supone una minoración de ingresos de unos 220 millones de euros cada trimestre.

Cabe recordar que hace un año, cuando el precio de la electricidad comenzó a subir y se situaba en los 85,73 euros el MWh, el Ejecutivo ya bajó este IVA del 21 al 10%. Actualmente, y pese a las medidas que se hanpuesto en marcha, como el tope del precio del gas, el precio por MWh supera los 200 euros.

Se mantienen además el resto de medidas relacionadas con la electricidad, como la ampliación del descuento del bono social, que están ayudando a casi dos millones de hogares, la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción y reducción al 0,5% del impuesto de la electricidad.

Además, se limita el precio máximo de la bombona de butano, que estará en vigor hata el 31 de diciembre y «contribuirá al bienestar de los más vulnerables», explicó el presidente durante su comparecencia.

«Volvemos a congelar el precio de la bombona de butano como ya hicimos durante la crisis del coronavirus», afirmó en redes sociales la vicepresidenta segunda, que indicó que esta decisión supondrá «un apoyo importante en muchas casas de nuestro país para que cocinar o abrir el agua caliente no suponga un gasto aún mayor».

En el ámbito de los combustibles, se mantiene también hasta final de año la reducción de 20 céntimos en el litro de combustible.

Hoy la gasolina se vende de media a 2,13 euros el litro y el diésel, a 2,10. Una subida de precios que ha dejado prácticamente sin efecto la subvención de 20 céntimos por litro que el Gobierno aplica desde el 1 de abril a todos los conductores. Los transportistas pidieron esta semana aumentar esta bonificación a 40 céntimos por litro para su sector, pero sus reivindicaciones no han surtido efecto en estos momentos.

Esta medida tiene un coste para el Estado de 425 millones de euros al mes, unos 5.100 millones hasta el 31 de diciembre, según datos obtenidos de la Agencia Tributaria, que revela que los conductores consumieron un total de 34.000 millones de litros de carburante en 2019, año previo a la pandemia. Para las petroleras, que aportarán un mínimo de 5 céntimos por litro, significa 140 millones de euros al mes.

Se mantiene el incremento del 15% en la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que beneficia a cerca de 1,2 millones de personas, las más vulnerables.

Este programa, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, fue puesto en marcha en plena pandemia y su cuantía varía en función de la situación social y económica de cada hogar.

El nuevo decreto también incluye una subida del 15% de las cerca de medio millón de pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, que supondrá una media de unos 60 euros más al mes (360 euros de aquí a finales de año), según precisó Sánchez.

Tanto los perceptores de estas pensiones de jubilación e invalidez no contributivas, como los del ingreso mínimo vital no podrán acogerse a la ayuda extraordinaria de 200 euros.

También se prorroga hasta final de año el retraso en el pago de las cuotas de la Seguridad Social para el sector agrario y el transporte.

Asmismo, se mantiene el tope de la subida de los alquileres que les toque revisión conforme al IPC al 2%.

Esta fue una de las medidas más aplaudidas en el primer decreto anticrisis ya que se trata de una limitación que no se limita a determinados colectivos vulnerables, sino que se extiende a todos los contratos de alquiler en vigor que hayan tenido que enfrentarse a una renovación desde abril.

El problema que tenían entonces muchos inquilinos es que sus caseros podían exigirles, con el contrato en la mano, una subida de la renta mensual del dato de IPC del mes anterior, llegando a superar el 8%.

Se prohíbe a todas las empresas que reciban ayudas por parte del Gobierno realizar un despido objetivo derivado del alza energética.

Al cierre de mayo quedaban 27.380 trabajadores en ERTE tras la pandemia. Esta figura (denominada ahora Mecanismo RED) sigue activa aunque con menores bonificaciones de las que tenían antes. En cualquier caso, las empresas que los usen -si justifican verse afectadas por esta nueva crisis- no podrán realizar despidos de sus empleados.