¿Menos mal que nos queda Portugal?

El sueño del Premio Nobel de Literatura, José Saramago, de crear Iberia, 'su país' con 18 comunidades autónomas, ha vivido un amago con el tope al precio del gas. La exclusión geográfica de España y Portugal con el resto de Europa es la condición que paradójicamente les ha permitido poder excluirse del sistema de precios energéticos del resto del continente para evitar los precios desbocados del último año. Ese fue precisamente uno de los argumentos esgrimidos por Madrid y Lisboa ante Bruselas para apartarse del mercado comunitario. Una excepción que a la UE nunca le agrada, pero que, por las condiciones de Iberia, fue finalmente autorizada. Y con efectos positivos. Los resultados de esta colaboración se pondrán sobre la mesa en la XXXIV Cumbre Hispano-Portuguesa, que tendrá lugar en Lanzarote los próximos días 14 y 15.

El sistema eléctrico español ha supuesto a los españoles en sus seis primeros meses de aplicación un ahorro de «más de 4.000 millones de euros», según indica la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera. Además de ese «ahorro al bolsillo de los españoles de más de 4.000 millones», la 'excepción ibérica' ha garantizado el suministro eléctrico de entre un 2 y un 3,5% del total de consumo en Francia y el 35% en el caso de Portugal.

El tope ibérico se ha convertido en la primera gran colaboración entre ambos países que siguen pendientes de sus comunicaciones bidireccionales. Madrid y Lisboa son las dos grandes capitales europeas que no están conectadas por vía ferroviaria rápida. Ni hay visos de que esa unión se haga realidad a corto plazo.

Por ahora, la estación de Badajoz sirve de enlace para la puesta en marcha este próximo domingo del servicio ferroviario Madrid-Lisboa, merced a un acuerdo de colaboración entre Renfe y la empresa pública Comboios de Portugal (CP). Pero los tiempos son muy lentos. El Intercity de Renfe sale de Madrid a las 8:30 horas y tiene conexión a las 14:09 en Badajoz con un servicio de CP con destino Lisboa Santa Apolonia, que llega a las 16:55 hora portuguesa. Por su parte, el servicio de Comboios de Portugal (CP) con salida de Lisboa Santa Apolonia a las 12:35 enlaza en Badajoz con el Intercity de las 17:36 y llegada a Chamartín a las 22:18 horas.

A pesar de que el proyecto para conectar las dos capitales ibéricas por alta velocidad arrancó en la Cumbre Ibérica de Salamanca del año 2000, la realidad es que no ha avanzado al ritmo que se esperaba. Y ahora se ha encontrado, además, con la dificultad añadida de las preferencias portuguesas. El Gobierno del socialista Antonio Costa lanzó a finales del pasado mes de septiembre un proyecto de línea férrea de alta velocidad en su costa atlántica para comunicar Lisboa con Oporto que arrancará sus trabajos en 2026 y que tendrá un coste de 11.000 millones de euros.

La apuesta portuguesa por unir sus dos grandes ciudades antes que su capital con la española vino acompañada, además, de toda una declaración de intenciones sobre el poco entusiasmo que suscita al otro lado de la frontera la conexión Madrid-Lisboa vía Extremadura, donde ya cuentan con parte de la infraestructura necesaria. Durante su intervención para presentar la línea, Costa aseguró que el proyecto «desarrolla nuestro país y la centralidad de nuestras ciudades, y no la centralidad de otras ciudades ibéricas». La cumbre bilateral en Canarias de la próxima semana será clave en este sentido.

Pero si Portugal ha centrado el debate económico y parte del político en España en los últimos meses ha sido por los impuestos. Por los beneficios fiscales que el vecino aplica en los grandes patrimonios, por la puesta en marcha del tributo a las grandes fortunas en España y por la posibilidad de que la economía lusa atraiga una parte de las inversiones extranjeras frente al imán que pueda ejercer España. ¿Relato o realidad? Veamos.

La primera realidad es que Portugal no tiene implantado el Impuesto de Patrimonio ni, prácticamente, el de Sucesiones y Donaciones. Ahí reside la gran diferencia fiscal entre ambos sistemas. En España, Patrimonio se encuentra reconvertido en el tributo a las grandes fortunas desde el pasado 1 de enero. El Ejecutivo busca con esta nueva figura armonizar la imposición patrimonial en las Comunidades Autónomas de régimen común y afecta a contribuyentes con un patrimonio superior a tres millones de euros y con una tributación máxima del 3,5% anual.

Lo que sí existe en Portugal es un Impuesto de la Renta con un tipo marginal máximo del 48% (en España, dependiendo de la región, puede superar el 52%) pero al que debe sumarse el impuesto luso de solidaridad, de un 2,5 y 5 %, según los tramos, para las rentas más elevadas. En el caso del IVA, su tipo general es del 23 %, frente al 21 % de España.

En el caso del siempre complejo Impuesto de Sociedades, la venta portuguesa es que lo aplica mediante un sistema de progresividad a las empresas, de tal forma que las que tienen mayores beneficios pagan más que en España. En concreto, el tipo impositivo general es del 21% en la economía lusa, al que se suma una especie de derrama municipal, que puede llegar al 1,5 %, así como una estatal, aplicable solo a empresas que tengan beneficios superiores a 1,5 millones de euros, que va desde el 3 % hasta el 9 % para los que superen los 35 millones, con un tramo intermedio del 5 %. En España, el IS es del tipo general del 25%, aunque cae al 23% para las empresas que facturan menos de un millón de euros.

En lo que Portugal ha adelantado definitivamente a España es en la siempre polémica normativa en torno a la vivienda. Mientras que el Congreso sigue sin dar la luz verde a la ley que había preparado el Gobierno (incluidos posibles topes de incrementos de precios del alquiler en zonas tensionadas), el Ejecutivo luso ha anunciado un paquete de medidas por valor de 900 millones de euros para hacer frente a la crisis inmobiliaria, que incluye el fin de su plan «Golden Visa» y la prohibición de nuevas licencias para Airbnb y otros alquileres vacacionales de corta duración.

Sólo en Lisboa, los alquileres se dispararon un 37% en 2022, para una población que, en un 50%, cobra menos de 1.000 euros al mes. Por una parte, se introducirá un mecanismo para regular el aumento de los alquileres, añadió, y el Gobierno ofrecerá incentivos fiscales a los propietarios que conviertan las viviendas turísticas en casas de alquiler para la población local. Además, se prohibirán las nuevas licencias para alojamientos turísticos excepto en las zonas rurales menos pobladas. Además, el Estado alquilará las casas vacías directamente a los propietarios durante un periodo de cinco años y las pondrá en el mercado de alquiler. Y el programa que ofrece pasaportes de la Unión Europea a ciudadanos extracomunitarios a cambio de inversiones, incluidas las inmobiliarias, llegará a su fin.