La justicia apenas resuelve el 7% de las demandas por cláusulas abusivas

A este ritmo se podría tardar más de un lustro en acabar con la bolsa de asuntos acumulada que, además, seguirá creciendo en los próximos meses aunque ya en una proporción mucho menor. Sin embargo, los propios jueces aumentaron con creces su eficacia en el último trimestre del año, al resolver 8.906 asuntos, 7,2 veces más que el anterior, lo que de mantenerse supondría acortar la expectativa de solución para todos ellos a cerca de tres años y medio.

En cualquier caso, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reforzó desde el 1 de enero pasado la capacidad de trabajo de estos juzgados –especializados para conocer ese tipo de asuntos «de manera exclusiva» si bien «no excluyente»–, incrementando en casi medio centenar el número de jueces asignados. Lo hizo ordenando que sus titulares también resuelvan los litigios sobre nulidad de cláusulas suelo, gastos de hipoteca, vencimiento anticipado, intereses de demora o créditos multidivisa, y no solo los refuerzos como ocurrió el año pasado.

La buena noticia para los consumidores es que casi todas las demandas fueron estimadas, en concreto el 98,3% de las 9.326 sentencias dictadas. Es más, en casi la mitad de las provincias españolas (22 de 50) se dio la razón al cliente en el 100% de los asuntos. Por el contrario, las zonas con menor nivel de aceptación a finales de 2017 fueron Granada (87,1%) y La Coruña (91,7%).

Buena parte de esos casos pasaron antes por el tamiz del mecanismo extrajudicial que habilitó el Gobierno hace un año con la banca. Allí se presentaron 1.052.789 solicitudes de devolución del dinero –frente a los 1,5 millones de personas que se estima afectadas por cláusulas suelo en sus hipotecas– hasta el 30 de septiembre pasado, de las que las entidades solo estimaron el 43%.

El resto las fueron rechazando por motivos diferentes. Cerca de 343.000 quejas fueron apartadas directamente, al estimar la banca que no cumplían con los requisitos del proceso extrajudicial o bien por «otras razones» que no han aclarado, lo que ha encendido las alarmas entre las asociaciones de consumidores.

Y entre las más de 200.000 que sí estudiaron con mayor detenimiento, aunque rechazaron devolver lo reclamado, la justificación usada fue tan genérica como que la escritura hipotecaria «es transparente», «cumple con la legalidad» o «se adapta a la normativa vigente». Al final solo pagaron el 37% de las peticiones: 1.975 millones si se añaden los meses de octubre y noviembre, la mitad del coste total que estimaban.