Francisco González y BBVA irán a juicio por los espionajes ilegales de Villarejo

En el auto de pase a procedimiento abreviado -de 247 páginas y que llega en plena opa hostil del BBVA al Banco Sabadell- el magistrado pone fin a la instrucción de la pieza separada 9 del denominado caso Tándem (más conocido como 'caso Cenyt y BBVA') en la que se investigaba la contratación del comisario Villarejo para la realización de distintos encargos ilegales entre 2004 y 2016, especialmente trabajos de espionaje, muchas veces usando los recursos del Ministerio del Interior, como bases de datos de acceso exclusivo policial. En total, el juez propone juzgar a doce personas entre directivos de la entidad y mandos policiales. Por el contrario, acuerda el sobreseimiento de las actuaciones respecto de once investigados.

Fuentes de BBVA recuerdan que «siempre ha defendido y sigue defendiendo que de los hechos investigados no se deriva responsabilidad penal para la entidad». «La prioridad de BBVA siempre ha sido la plena colaboración con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos», apuntan estas fuentes.

«En esta investigación ha quedado acreditado que las acciones delictivas han partido desde la cúspide de la pirámide de poder que en el caso del BBVA ejercía un poder omnímodo, situándose al margen de las normas internas del banco y de las normas emanadas del ordenamiento jurídico», apunta García-Castellón en el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado, fechado este jueves, y en el que respalda de manera total los argumentos de la Fiscalía, que considera «impecables».

Manuel García Castellón, en su extensísima resolución, se centra en la supuesta responsabilidad de Francisco González en esta trama de espionaje ilegal, pues afirma que el BBVA contrató a Villarejo por orden personal suya. Así, el juez recuerda que en los audios intervenidos en los registros domiciliarios se pone de manifiesto que González no sólo conocía y autorizó las ilegales actividades para las que había sido contratada Cenyt, sino que fue por su «expresa orden por la que se procedió a contratar con Villarejo, siendo él la persona que recibía los informes elaborados, así como el que disponía del dominio del hecho para su continuidad».

Igualmente, añade, González fue la persona que ordenó que se volviese a contratar para las investigaciones sobre los empresarios Fernando Martín o Luis Portillo, «así como la causa de la realización del contrato de 2014 y la investigación sobre Felipe Izquierdo». Es más, sostiene el juez, «la única razón por la que el BBVA no ejecutó el programa de prevención penal (...) era que todo se explicaba porque se trataba de ejecutar lo mandado por el presidente».

En tal sentido, apunta el instructor, la última declaración prestada por Francisco González puso de manifiesto una serie de «incongruencias difíciles de sostener respecto a su grado de conocimiento de Cenyt, su preocupación por las materias objeto de contratación y los resultados que conseguía Cenyt».

En esencia, en este relato de hechos que pone fin a la instrucción, el juez hace suyo la película de los hechos que presentó Anticorrupción. Todo comenzó con la contratación por el BBVA del que fuese comisario de Policía Julio Corrochano en septiembre de 2002 como jefe de seguridad de la entidad con la «expresa aquiescencia de su presidente ejecutivo, Francisco González». Corrochano entonces ofreció los particulares 'servicios' al BBVA de sus excompañeros, los comisarios en entonces en activo José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño. más conocido como 'El Gordo'.

El relato prosigue explicando cómo Villarejo, «haciendo un uso fraudulento de las posibilidades que le otorgaba su especial puesto dentro del organigrama de necesidades operativas de la policía», puso en práctica «una estructura empresarial con la cual lucrarse» de los servicios al BBVA, que se convirtió en el principal cliente del turbio entramado empresarial del comisario. Para ello, aprovechándose de su «especial posición y confianza generada en muchos de sus compañeros policías», Villarejo tuvo acceso, entre otras cosas, a «todos los registros policiales, así como bases reservadas de datos a de las fuerzas de seguridad». Unas informaciones obtenidas de forma ilegal que luego usaba para sus informes de espionaje para el banco.

Con estos argumentos como eje central de su auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 concluye la investigación que arrancó en 2018 y en la que también procesa al exjefe de Seguridad Ángel Corrochano; el exCEO del banco Ángel Cano o el exdirector de Riesgos Antonio Béjar.

De igual forma, el magistrado propone sentar en el banquillo de los acusados al exjefe de Control Interno Eduardo Arbizu; el actual responsable de los servicios jurídicos Eduardo Ortega; el responsable de Auditoría Interna, Joaquín Gortari; el exresponsable de Servicios Jurídicos de España y Portugal José Manuel García, y al empleado de la entidad Óscar Santos.

Además, también procesa al socio de Villarejo, Rafael Redondo, al exinspector de Policía Antonio Bonilla y al agente con carnet profesional 76.738.

Los investigados tienen la posibilidad de presentar recursos de reforma y de apelación para evitar ser procesados