El ingreso mínimo vital ya es ley en España pero no mitigará la desigualdad

El propio Gobierno manifestó: «La aprobación del ingreso mínimo vital supone el mayor avance en los derechos sociales en nuestro país desde, al menos, la aprobación de la Ley de Dependencia».

Sin embargo, otros, como el economista británico y teórico del precariado Guy Standing, consideran, muy contrariamente, que el IMV es «una de las políticas más estúpidas que uno puede imaginar».

«El ingreso mínimo vital es una prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantiza unos ingresos mínimos a quienes carecen de ellos. Se define como un derecho subjetivo de la ciudadanía: se recibirá siempre que se cumplan los requisitos de acceso, como ocurre con el derecho a la pensión de jubilación o la prestación por desempleo, por ejemplo».

Las cantidades establecidas para estas ayudas oscilan entre 5 639 euros al año para una persona adulta hasta los 12 406 para cuatro personas adultas y un menor.

El objetivo era llegar a 800 000 familias, es decir, aproximadamente 2 300 000 personas. Pero después de este año y medio de experiencia los resultados son, según el propio Gobierno, muy inferiores. Los últimos datos oficiales, de 1 de octubre de 2021, señalan que en ese momento había prácticamente 800 000 personas beneficiarias, es decir, 1 500 000 menos del objetivo inicial.

Para poner en proporción estas cantidades, cabe mencionar que el 21% de la población dentro del territorio del reino de España, es decir casi 10 millones de personas, está en «riesgo de pobreza». Lo que sitúa las cantidades objetivo y reales del IMV en un lugar muy modesto: el 23 % de los objetivos iniciales del Gobierno y, de momento, apenas el 8 % del total de pobres realmente cubierto.

El IMV ha tenido defectos de aplicación debido a dos motivos: su diseño restringe y dificulta el acceso a la prestación y a los problemas implícitos propios de los subsidios condicionados.

En cuanto al diseño de la prestación, se han demostrado los excesivos condicionantes, mayores de lo habitual en subsidios de este tipo, para poder acceder al IMV. Eso, sin contar con las dificultades tecnológicas que, para muchas personas solicitantes, tenía el sistema de petición a través de internet. Pero el problema es más grave que esto.

Siempre que se traza una línea para dividir a las personas merecedoras y las no merecedoras de los subsidios condicionados, se pueden cometer dos tipos de errores:

-El primer tipo de error es el falso positivo, que se comete cuando alguien pasa la prueba y no debería haberlo hecho.

-El segundo tipo de error es el falso negativo, que ocurre cuando alguien falla la prueba y debería haberla pasado. Ambos errores son muy frecuentes.

Una persona recibe lo que no merece, según el criterio establecido entre merecedores y no merecedores, mientras que otra persona no recibe lo que merece. El primero no es importante pero el segundo error tiene muy malas consecuencias para las personas que han quedado excluidas del subsidio condicionado.

Dos estudios ofrecen unos datos muy desconsoladores: el primero, que agrupaba las ayudas condicionadas en 30 países, encontró un promedio de error sorprendentemente alto: 50 % quedaban excluidos de las ayudas. Otro estudio, con 38 programas de ayudas enfocados a la pobreza en 23 países, encontró que se excluye a entre el 44 % y el 97 % de las personas a las que supuestamente están destinados dichos programas.

Es indudable que, para los diseñadores y gestores del IMV, la guía ha sido: «Nadie puede cometer el primer error». O sea, el falso positivo. En este sentido, el IMV puede considerarse un éxito.

Por lo que respecta al segundo motivo, los problemas propios de los subsidios condicionados, vale la pena comentar los más conocidos y graves. Estos problemas ya fueron expuestos en la Comisión de reconstrucción económica y social en las Cortes españolas el 22 de junio de 2020, muy pocos días después de que entrara en vigor la aplicación del IMV. Pueden resumirse brevemente los principales de ellos:

-La trampa de la pobreza. Cuando se es perceptor de un subsidio condicionado existe un fuerte desincentivo a buscar y realizar trabajo remunerado, pues ello implica la pérdida total o parcial del subsidio. El problema de la trampa de la pobreza es intrínseco a la condicionalidad.

-Los inmensos costes administrativos de los subsidios condicionados. Aunque los costes son muy altos en distintas vertientes, en una es especialmente interesante: en proporción a las pocas personas que perciben estos subsidios. La condicionalidad implica control y el control implica gastos de gestión y administración.

-La estigmatización asociada a los subsidios condicionados: la obligación a la que se enfrentan los candidatos a perceptores del subsidio de tener que identificarse en las ventanillas de la Administración como «pobres» o como «enfermos», para no decir directamente como «culpables» de ser unos «fracasados» o «extremadamente» pobres.

El IMV puesto en marcha por el Gobierno español no está pensado para reducir las grandes desigualdades, muy agravadas con la crisis de 2008 y la posterior pandemia. Por ello no ha mitigado ni mitigará la desigualdad.

Los graves defectos del IMV son una parte de las razones por las que la propuesta de la renta básica, una asignación monetaria incondicional y universal, está cada vez más presente en la discusión política, ciudadana y académica.

Muestra de ello, estos ejemplos: un editorial de Financial Times del 3 de abril de 2020 en el que se defendía considerarla como opción; la defensa de la renta básica de António Guterres, Secretario General de la ONU, en su discurso por el 75 aniversario de la organización, el 22 de septiembre de 2020, o el plan piloto que se está diseñando en Cataluña y que se espera que entre en funcionamiento a finales de 2022.

Artículo publicado en 'The conversation'.