El ingreso mínimo vital tendrá en cuenta la renta y el patrimonio de los hogares

En cuanto a la condicionalidad para ser beneficiario de la renta mínima, Escrivá reveló ayer novedades: no sólo se tendrán en cuenta los ingresos, sino que además se analizará el patrimonio. Una y otro deberán ser inferiores a umbrales concretos aún por determinar para que los solicitantes puedan acceder a la prestación.

Además, como recomiendan muchos expertos en la materia, se tendrá en cuenta la situación de cada hogar, prestando una atención especial a las familias con hijos y a las monoparentales, con el objetivo de atajar la pobreza infantil, una de las prioridades declaradas del Gobierno. Las propuestas de algunos expertos pasan por una cantidad fija por hogar unipersonal que podría rondar los 500 euros, cifra que se incrementaría por cada adulto adicional y por menor a cargo.

Con objeto de calibrar bien la medida, el departamento de Escrivá trabaja con la Agencia Tributaria, las comunidades autónomas y las administraciones locales, para cruzar datos. El ministro afirmó que este proceso requiere «mucha finura porque de lo que se trata es de llegar a los más vulnerables, a los que se han quedado atrás». A veces, expuso Escrivá, este tipo de medidas no llegan a quienes verdaderamente lo necesitan, y es lo que hay que evitar.

Desde la secretaría de Estado de Derechos Sociales, en manos de Unidas Podemos, a principios de semana se seguía insistiendo en que la «situación de emergencia» actual «exige una implementación rápida y flexible» del ingreso mínimo vital, «para que quienes lo necesitan ahora puedan empezar a cobrarlo ya». Así, abogan porque los controles a sus receptores sean expost. Asimismo, desde la vicepresidencia de Pablo Iglesias, se defiende que el mínimo estatal sea suficiente para que los hogares salgan de la pobreza, para lo cual su cuantía no debería ser inferior a otras prestaciones no contributivas: «Para una persona adulta que viva sola debería estar en torno a los 6.000 euros al año».