La industria reclama más ambición para que el sector aporte más a la economía

Lo hicieron tras conocer el anuncio del Consejo de Ministros, donde se aprobó el Programa de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial 2018 (también conocido como Programa Reindus), dotado con 400 millones de euros. Esa iniciativa tiene como objetivo fomentar el desarrollo industrial y la creación de empleo a través de la mejora empresarial y la eficiencia de los sectores productivos. Esta nueva convocatoria de 2018 podría alcanzar una inversión inducida de 560 millones de euros y generar en torno a 1.000 nuevos puestos de trabajo.

La portavoz del Gobierno, Carmen Calvo, indicó este viernes que se trata de un programa que estaba «abandonado» por parte del anterior Ejecutivo. Calvo aclaró que si no se hubiera puesto en marcha, esta partida presupuestaria «se podría haber perdido para 2018».

Desde 2013 a 2017, este Programa ha concedido ayudas por valor de más de 2.174 millones de euros, y ha generado en torno a 5.500 empleos, distribuidos por todo el territorio, lo que ha contribuido a incrementar la inversión industrial en regiones con bajo nivel de industrialización. El objetivo, marcado por la Comisión Europea, es que la industria tenga un peso del 20% en el conjunto del PIB en el año 2020.

Coincide en ese objetivo con las empresas y los sindicatos del sector, aunque en este último caso instan al Gobierno abordar un pacto de Estado «más ambicioso e independiente del Gobierno de turno que dé cumplimiento al objetivo de la Unión Europea», tal y como recordó UGT.

Entre las demandas de los empresarios para fomentar la industrialización –una actividad de mayor valor añadido que otras como el turismo, con un nivel de salarios y una estabilidad laboral superior a la media– se encuentra una reducción de las cargas que soporta la factura eléctrica para los grandes consumidores. Se trata de una de las reivindicaciones históricas de la patronal, donde argumentan que un coste más elevado de la luz para la industria española provoca una pérdida de competitividad frente a los costes que soportan las de otros países vecinos de la UE.